“Crimen que no se castiga, se repite”. La lista de los crímenes impunes en México es larga: feminicidios, homicidios, desapariciones, la encabezan. La impunidad explica en buena medida los altos niveles que han alcanzado.
Mucho menos dramáticos, con consecuencias mucho menos dolorosas, están los delitos electorales. Abundan, pero casi nadie es castigado. Un caso ya famoso es el poblano de 2018: robo de urnas a mano armada, heridos por armas de fuego, actas electorales alteradas, sospechosa pérdida de la “cadena de custodia”. ¿Cuántas sanciones por estas faltas? Hasta donde sabemos, ninguna.
La elección de gobernador en Puebla de 2018 llamó la atención por esas irregularidades. El caso llegó al Tribunal Electoral que, seis meses después de la elección, y en decisión dividida, decidió considerar legítimo el resultado y le dio el triunfo a la candidata de la coalición panista.
Todo pareció concentrarse en un asunto: si se anulaba o no la elección. Se anularon muchas casillas, pero lejos del número necesario para declarar nulo el proceso electoral.
¿Y los responsables? Bien, gracias. Todo quedó en desprestigios, que se olvidan rápido. Recientemente el panista Francisco Fraile reconoció que su partido había participado en el fraude electoral de 2018. Lo que dio lugar a un pequeño escándalo, de pocos días de duración. Nada más.
Se entiende que, si cosas tan graves como privar de la vida a otras personas quedan impunes, poco importa castigar los delitos electorales. Hay prioridades. Pero esto no consuela a nadie.
Hoy, desde la tribuna del Palacio Nacional, se viola la legislación electoral. ¿Sanciones? Difícil que se den. Lo que preocupa: la impunidad, como las escaleras, puede irse generando de arriba hacia abajo. Si desde la presidente se permiten irregularidades, ¿por qué sancionar las que se dan en los demás niveles?
Destruir el pacto social, el pacto de civilidad expresado en nuestras leyes, puede acabar perjudicando a todos. Si las violaciones a la ley se generalizan sin que haya sanciones, todos estamos en riesgo.
Se puede argumentar que, por sus consecuencias, los delitos electorales no son la prioridad en el combate a la impunidad. Sí es prioridad la actitud de las más altas autoridades. Si los gobernantes caen en actitudes claramente delictivas, vamos por mal camino.
