Con la aprobación del llamado plan B, el Presidente de la República no busca mejorar el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral, sino por el contrario, minarlo, complicar sus funciones, debilitar su estructura y capacidad operativa.
Lamentablemente lo está logrando, a pesar de que el INE y varios partidos darán batalla legal y la misma tiene posibilidades de triunfo, lo cierto es que la salida de Edmundo Jacobo y de varios funcionarios de primer nivel, generan un daño al órgano electoral.
Si algo tiene que reconocérsele al INE es que ha sabido construir un servicio profesional en donde las personas escalan por méritos y capacidades, eso le ha dado mucha estabilidad a lo largo de los años, lo cual se ha traducido en certezas para el proceso electoral, sin embargo, la entrada del llamado pan B, generó incertidumbre en la organización, debido a que pone en duda la continuidad de un buen número de empleados, que ante esta perspectiva están dejando de forma voluntaria sus cargos, constituyendo una fuga de talento sin precedentes.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuya cancha se encuentra en estos momentos el análisis de la constitucionalidad del plan B, debe no sólo resolver tomando en cuenta todos los elementos relevantes, escuchando a muchos mexicanos que no estamos de acuerdo con el desmantelamiento de las instituciones electorales, sino que además deberá hacerlo rápido, para disminuir en la medida de lo posible los impactos negativos que ya está teniendo esta reforma.
Sin embargo, algunos de los costos ya han tenido que ser asumidos, gente de mucha experiencia ha salido de puestos clave y si bien hay sustitutos competentes, es relevante generar confianza en el interior del órgano electoral, sobre todo porque en 2024 viviremos una elección presidencial que se antoja de antemano polarizada y por ende, se necesita de un árbitro fuerte, que pueda hacer cumplir la ley, que garantice el piso parejo y la no injerencia de los gobiernos o los poderes fácticos.
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