Han comenzado las campañas electorales federales, en especial las presidenciales y el tema de la seguridad pública será central en la plataforma de las diferentes candidaturas.
Al ser un tópico tan complejo, la cantidad de políticas que se pueden presentar para abordar los problemas de seguridad son amplias, sin embargo, hay un subtema poco tomado en cuenta y con amplios efectos en violencia, inseguridad y narcotráfico, como es la corrupción de las autoridades.
Es decir, podemos comprar más armas, mejor equipamiento, invertir en tecnología, construir cárceles o instalaciones de seguridad, pero si los gobernadores, alcaldes, jefes de policía, militares y otros funcionarios están en la nómina del crimen organizado, pocos resultados vamos a tener en la materia.
De hecho, el gran éxito de Coahuila en materia de seguridad tiene a la erradicación de la corrupción en los cuerpos policiales como un primer eslabón y de forma complementaria se da la inversión en infraestructura, equipamiento y capacitación, pero sin el primer eslabón, las demás acciones no tienen un impacto fundamental.
Este es un gran pendiente en México, porque los funcionarios corruptos son parte de una red criminal, proveen protección, traicionan a los ciudadanos que juraron proteger y les dan ventajas indebidas a las organizaciones criminales.
Pero paradójicamente hay muy pocos funcionarios en cárceles mexicanas o procesados por su participación en actividades delictivas.
Ha sido Estados Unidos quien ha destapado casos de corrupción de Ex Secretarios de Estado, Gobernadores, Militares de Alto Rango y Alcaldes, es decir, la corrupción está presente, pero no hemos tenido en México la voluntad y las capacidades institucionales, para investigarla, combatirla y sancionarla.
Si no damos pasos importantes en dicha línea, no vamos a lograr reducir la violencia que tanto lastima al país y vamos a seguir teniendo que tolerar a políticos que con sus acciones y omisiones son cómplices de miles de muertes cada año.
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