En México la línea entre la política y el deporte es casi tan delgada como las franjas que delimitan un campo de futbol.
La simbiosis ha llevado a destinar recursos públicos para la construcción de complejos deportivos, universidades y estadios, todo en aras de “fomentar las actividades de esparcimiento entre la sociedad”.
Los ejemplos sobran y van desde el equipo de casa, el Tampico-Madero, hasta Mazatlán, pasando por Aguascalientes, Hidalgo, Guanajuato y Veracruz.
Se han entregado en comodato estadios, condonado pagos de impuestos municipales y estatales por décadas.
En consecuencia, se obtiene una especie de “clientelismo deportivo”, porque nadie puede negar que el futbol es el deporte nacional por excelencia y, de pronto, autoridades, políticos y empresarios forman una triada muy particular en apoyo a un proyecto de gobierno.
Porque a todo actor político le conviene que en su zona de influencia tenga presencia un deporte masivo.
Es el pretexto perfecto para que, en cada encuentro deportivo, se enfunde una playera del equipo de sus “amores”, aunque desconozca quiénes integran la plantilla.
El asunto es saltar al centro del campo o estar en las gradas apoyando al equipo, aunque siempre existe el riesgo de recibir el castigo de la “música de viento” o castigos maternales.
Y es precisamente bajo esta lógica de rentabilidad política donde cobra sentido el repentino interés en la Cámara Alta.
Que la bancada de Movimiento Ciudadano promueva una iniciativa para inscribir el “mérito deportivo” en la legislación y llevar el retorno del ascenso y descenso al terreno de la ley tampoco ocurre en el vacío: toca directamente una fibra sensible entre aficionados, clubes y ciudades que han quedado fuera de la máxima categoría.
Apelar a la afición despojada de la competencia es un movimiento rentable.
Al calificar el futbol como un asunto de “interés público”, la iniciativa plantea abrir la puerta a que el Congreso intervenga desde el terreno legislativo en decisiones que hasta ahora corresponden al ámbito de las organizaciones deportivas.
En política, el balón nunca rueda solo por el césped.
La iniciativa naranja evidencia que, cuando los intereses económicos de los dueños del balón marginan el espectáculo, la política entra al relevo para disputar la simpatía de la tribuna.
Habrá que ver si el intento legislativo llega a gol o se queda en otra jugada para la foto.
