La zona sur de Tamaulipas se encargó esta semana de concluir la gira del gobernador Américo Villarreal Anaya por el estado, atestiguando los informes de los 43 alcaldes. Primero fue en Altamira con Armando Martínez, prosiguió con Erasmo González en Ciudad Madero y cerró en Tampico, acompañando a Mónica Villarreal.
Cada ciudad mostró sus avances. En la llamada urbe industrial destaca el crecimiento comercial, las inversiones de franquicias nacionales y extranjeras, además de un cambio de imagen urbana concertada en 5 años. El vecino y sede de Playa Miramar recalcó proyectos en puerta, mejorar el drenaje en La Barra y el Centro de Transferencia de desechos sólidos.
Para el puerto, el interés de los empresarios por instalar infraestructura vertical para comercios, departamentos y atención médica, da otro dinamismo a un municipio con un mercado muy reforzado en el turismo. La prueba será en noviembre cuando reciba el Encuentro de Pueblos Mágicos.
Tras constatar esto, vienen semanas políticamente muy intensas. El 1 de octubre reanuda la actividad parlamentaria en el Congreso del Estado, en tanto los partidos políticos y sus aspirantes preparan toda estrategia posible ante las futuras decisiones de candidaturas para la elección del 2027.
Y hay muchas dudas. ¿Morena cortará cualquier vínculo con el PT y el Verde? ¿PAN está interesado en cargar con el lastre llamado PRI para una alianza? ¿Quién de Movimiento Ciudadano en la mayoría de las ciudades (extraviados de norte a sur) se pone a trabajar en sectores populares y organizar estructura? ¿Somos MX le abrirá las puertas al desprestigiado Cabecismo?
Como ejemplo, los panistas maderenses están confundidos, desconcertados y con molestia al ver al supuesto empresario Gil Gallegos traer banderas del partido en colonias. Sin una convocatoria, ni acuerdo con el Comité Estatal y distante de la militancia local, se autonombra el “candidato a la alcaldía”, cayendo muy mal sus palabras.
Mientras ayer en Matamoros, abogados integrantes del Foro Litigante se manifestaron para pedir la salida de Rogelio Aguirre Duarte como titular de la oficina local del Registro Público de la Propiedad.
Acusan al director y a su personal de prepotencia, criterios distintos para trámites y sobre todo cobros excesivos para obtener un documento, al grado de alargarlos para recaudar más, todo esto en un año y afecta operaciones de todo tipo, hasta las comerciales.
Aunque el funcionario negó lo dicho, hay un claro rompimiento con los gestores. El caso ya lo llevaron a Ciudad Victoria, lo conoce la Secretaría General de Gobierno, la Contraloría Gubernamental y la Fiscalía Anticorrupción. ¿Atenderán y darán solución?
