La decisión de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de declarar la nulidad total del contrato que preveía la compra de alrededor de cinco mil millones de piezas de medicamentos para los años 2025 y 2026 vuelve a colocar al centro del debate nacional la fragilidad de nuestro sistema de compras y abasto. La medida, motivada por indicios de corrupción en la gestión de Birmex, es comprensible en términos de transparencia y rendición de cuentas; sin embargo, deja un vacío operativo que amenaza con traducirse en nuevos episodios de desabasto. Para los pacientes con enfermedades crónicas, los niños en tratamiento oncológico o las mujeres que dependen de anticonceptivos provistos por el sector público, la cancelación no es una anécdota administrativa: es la diferencia entre la continuidad terapéutica y la incertidumbre.
México ha transitado durante décadas entre esquemas de adquisición centralizada y mecanismos descentralizados que delegan la compra en cada entidad federativa. Ambos modelos han mostrado fortalezas y debilidades. Cuando el país optó por las megacompra federales, se obtuvieron economías de escala y una mayor capacidad de negociación de precios, pero también se hicieron evidentes los riesgos de concentrar decisiones en pocos actores y de depender de calendarios rígidos que no siempre se ajustan a la dinámica de la producción farmacéutica internacional. El caso de Birmex ilustra cómo la falta de controles robustos y la opacidad en los procesos pueden desvirtuar el potencial ahorro, multiplicando a la vez la vulnerabilidad ante irregularidades que terminan afectando a los pacientes.
El argumento de recurrir a adjudicaciones directas de emergencia para cubrir el hueco de suministro se ha utilizado en ocasiones previas, con resultados poco alentadores. Estas compras urgentes suelen encarecer los productos, reducen la transparencia y, en más de una ocasión, privilegian proveedores improvisados que carecen de la solvencia técnica necesaria. Además, la fragmentación acelerada de contratos debilita la capacidad del Estado para controlar la calidad de los insumos. A largo plazo, la repetición de este esquema improvisado desincentiva la participación de laboratorios serios en las licitaciones públicas, pues perciben un entorno incierto donde las reglas cambian ante cada crisis.
La experiencia de otros países latinoamericanos muestra que un sistema de compras eficiente no depende únicamente de la centralización o la descentralización, sino de la solidez de los procesos de planeación, la calidad de la información y la coordinación interinstitucional. Por ejemplo, Brasil combina adquisiciones federales para medicamentos de alto costo con mecanismos estatales para fármacos de uso común, sustentados en plataformas de seguimiento en tiempo real de inventarios y consumo. Chile, por su parte, opera un fondo de medicamentos críticos cuya reposición se activa con umbrales basados en algoritmos de demanda. Estas experiencias evidencian la importancia de integrar la tecnología, la rendición de cuentas y la flexibilidad operativa para evitar interrupciones.
México cuenta con el talento técnico y la infraestructura institucional mínima para transitar hacia un modelo mixto, capaz de aprovechar la negociación consolidada con la industria sin renunciar a la adaptabilidad local. Un paso ineludible es fortalecer la plataforma federal que registra inventarios y consumos, de modo que los datos capturados en clínicas rurales o de alta especialidad sean visibles en tiempo real para los equipos de planeación de la Secretaría de Salud y el IMSS. Sin información confiable y oportuna, cualquier estrategia de compra se vuelve un ejercicio de adivinanza que inevitablemente genera sobrestock en algunos estados y carencias en otros.
Otro pilar crucial es el calendario de licitaciones, la práctica de lanzar procesos masivos cada dos o tres años se contrapone a la realidad de los ciclos de fabricación. Muchos laboratorios calibran su producción con meses de anticipación y no pueden ajustar su capacidad si los pedidos se confirman tardíamente o se cancelan de forma repentina. Para romper este círculo, el país puede adoptar subastas reversas trimestrales o semestrales.
La vigilancia anticorrupción, lejos de entorpecer este proceso, debe integrarse como un eje ordenador. La transparencia de precios unitarios, los listados de participantes, las bitácoras de entrega y las auditorías aleatorias son herramientas que, además de inhibir malas prácticas, fortalecen la confianza de la ciudadanía. Si el público percibe que cada peso destinado a medicamentos se emplea con rigor, será más fácil defender un presupuesto creciente para el sector salud y justificar inversiones en tecnología de seguimiento logístico.
Aun con una estrategia de compras robusta, el reto del abasto no se agota en la última milla administrativa. Es imprescindible que las autoridades sanitarias estrechen la colaboración con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y con la industria farmacéutica para agilizar trámites de registro y liberar lotes con rapidez, sin descuidar la seguridad. Los estándares internacionales demuestran que la regulación inteligente, basada en el riesgo, puede acelerar la entrada de nuevos competidores y robustecer la oferta disponible.
La nulidad del contrato con Birmex debe convertirse en el detonante para rediseñar de manera integral el sistema de compras y abasto. Imponer sanciones ejemplares a las irregularidades halladas es necesario, pero insuficiente. La crisis actual ofrece la oportunidad de consolidar procesos basados en evidencia, transparentes y flexibles, que garanticen la accesibilidad a los medicamentos y protejan tanto la salud de la población como la viabilidad financiera del sistema público mexicano.
