En colaboración con la Dra. Alejandra Cortés Rodríguez
Cuando hay cambios rápidos en las tasas de homicidio es frecuente que esto tenga que ver con el crimen organizado; por ejemplo, debido a los cambios en el balance de poder o la emergencia de flujo de contrabando, lo cual lleva a conflictos. En países como Brasil, México y Honduras un incremento en el tráfico de cocaína hizo que los homicidios incrementaran en ciertos lugares.
Las drogas crean estos conflictos desde su cultivación hasta su tráfico ilegal; en Colombia, la producción de drogas conformó una gran proporción de sus homicidios en el 2010. La mayoría de las veces los homicidios están relacionados con el movimiento de las drogas, subrayando la necesidad de revisar la intersección entre las muertes, drogas y armas de fuego.
Un estudio encontró que entre el 2007 y el 2012 ocurrieron aproximadamente 120 mil homicidios en México; estimaron que la mitad de estos fueron del crimen organizado, lo cual usualmente involucra el uso de armas de fuego de alta potencia que habían sido traficadas ilegalmente desde los Estados Unidos. Puede ser que México sirva como el cruce de todos los caminos en el comercio internacional de las armas de fuego. Otro estudio reportó que casi 450 mil personas dependían del tráfico de drogas en México para su supervivencia. Si solamente ellos fuesen los compradores de armas, entonces en promedio cada uno de ellos tendría que comprar 0.33 armas de fuego al año (o una cada 3 años) para generar un estimado de $5.3 mil millones en el 2012.
Sin embargo, puede que el crimen organizado no represente toda la demanda mexicana; el tráfico ilegal puede estar llegando a las manos de mexicanos ordinarios no afiliados a estas pandillas, una demanda que puede estar relacionada con el alto sentimiento de inseguridad. Además, el comercio legal también puede tomar parte a través de la policía mexicana y otros compradores de licencias federales de armas de fuego en los estados fronterizos de Estados Unidos.
Es importante señalar que no es solamente el crimen organizado el que tiene este terrible impacto, sino la respuesta gubernamental. En el 2015, Lindo y Padilla-Romo analizaron la estrategia del capo en México, teoría que acierta que al eliminar al líder se debilita la organización al impactar sus conexiones, basándose en información de la aprehensión de líderes de los carteles Sinaloa/Beltrán-Leyva, Tijuana, Golfo y Juárez. Encontraron que la captura de un líder del tráfico de droga lleva a un incremento en el 80% de homicidios dentro de su municipalidad por al menos doce meses. Había poca evidencia de algún efecto positivo en las municipalidades cercanas en las que el líder de la organización no tenía una presencia consolidada.
Establecida en el 2008, la Iniciativa Estados Unidos-Mérida tenía el propósito de la cooperación y división de responsabilidad para combatir la violencia causada por las drogas dentro de los Estados Unidos y México. Consiste de cuatro pilares: quebrantar la capacidad del crimen organizado de operar, institucionalizar la capacidad de sostener las leyes, crear una estructura fronteriza del siglo 21 y construir comunidades fuertes y resilientes. Entre sus logros está el sistema transfronterizo de telecomunicaciones, infraestructura, la acreditación de 20 correccionales, detección de drogas canina y programas incluidos en el currículum de colegios para fortalecer el sentimiento de responsabilidad para respetar el sistema legal.
A pesar de este programa la violencia continúa escalando en México, y la Oficina de Contabilidad de Gobierno ha recomendado a las agencias estadounidenses trabajando en México que adopten medidas de resultados en vez de rendimiento. El problema de la violencia relacionada a las drogas sigue siendo tan prevalente en México que el presidente López Obrador se rehusó a ir en contra del crimen organizado trasnacional debido a las posibles víctimas civiles, pero impulsó reformas constitucionales en el 2019 que permitieron la participación militar en fuerzas de seguridad públicas por cinco años, violando la Constitución Mexicana.
Víctor Andrade Carmona*
*Médico investigador del movimiento Ciencia Previene Violencia, una iniciativa del Instituto de Salud Pública Anáhuac, Universidad Anáhuac México
