El tema de la explotación minera es complicado y álgido en muchos estados del país, como lo es también la forma en que nuestras leyes la regulan. Me ha interesado tratar de entender el marco jurídico porque en Puebla hay un gran número de concesiones otorgadas a diferentes grupos mineros, sobre todo en la Sierra Norte, en donde hay una alta complejidad social y ambiental. Los proyectos mineros tienen por un lado una oposición fuerte y bien organizada, y por otro, comunidades que ven en la llegada de una mina la posibilidad de trabajo y movimiento económico.
Por el gran potencial de nuestro país para la minería, el tema merece ser abordado en las agendas locales y nacionales. Para muchos ha sido un enigma y tiene varias lecturas el porqué el presidente López Obrador invitó a su proyecto de nación a Napoleón Gómez Urrutia, incluyéndolo en la lista de plurinominales al senado por Morena. El motivo de esa inclusión no ha quedado suficientemente explicado, pero más pronto que tarde el señor Gómez Urrutia tendrá que enseñar sus cartas en este complejo y tortuoso escenario de la minería. Podría ser por sus fuertes vínculos con los sindicatos mineros canadienses e ingleses, por sus vínculos con las grandes empresas mineras, o por ambas razones. Ignoro si esos vínculos perjudicarán o beneficiarán al país. Pronto lo veremos, cuando el tema minero se aborde abiertamente en la agenda política del país o cuando se otorguen permisos específicos en lugares donde existen comunidades enfrentadas a favor o en contra de una explotación minera. Muchas bases de Morena se han opuesto abiertamente a la minería.
Particularmente en Puebla se acaba de llevar a cabo la presentación de observaciones de parte de la comunidad con respecto al proyecto de extracción de oro que se quiere llevar a cabo en Ixtacamaxtitlán, el municipio más grande del estado, ubicado en la entrada a la Sierra Norte y con uno de los ecosistema boscoso más impactados y deteriorados del país. La mina estaría ubicada en Santa María Sotoltepec, una junta auxiliar cuya comunidad está dividida entre el sí o el no, mientras la minera canadiense empuja su proyecto ante unas debilitadas instituciones gubernamentales y una maraña de leyes que aplicar. Las autoridades locales y federales son responsables de llevar a buen puerto todo el complicado procedimiento jurídico y técnico y las evaluaciones del impacto social y ambiental de la mina en caso de que la autoricen.
El último acuerdo desregulatorio sobre el subsuelo mexicano entró en vigor en 1996 y fue suscrito por la SRE y la Secretaría de Economía, Comercio y Fomento Industrial. Fue el punto de partida de 13 años de reformas legales que hoy permiten la explotación de la minería no solo a empresas mexicanas sino a empresas extranjeras. El problema no es esa apertura, sino las intrincadas reglas del juego diseñadas para llevar a cabo dicha actividad, en cuyo procedimiento de gestión intervienen hasta nueve dependencias federales, estatales y municipales, pero que dejan en alta vulnerabilidad a las siempre débiles autoridades municipales.
En la última Reforma Energética , hoy en proceso de modificación, se acordó que la Secretaría de Energía haría las consultas públicas correspondientes en los proyectos de aprovechamiento del subsuelo en las comunidades indígenas (Convenio 169 de la OIT). Dicha consulta pública y la forma en que deberá llevarse a cabo no cuenta con un marco regulatorio, por lo que los mecanismos para la consulta indígena con valor jurídico y vinculante no existen, aún cuando es obligatoria y en la mayoría de los casos indispensable para evitar conflictos sociales. Este vacío normativo debe llenarse a la brevedad de parte de la cámara de diputados.
¿Con qué instrumentos y presupuestos cuentan las instituciones públicas después de los radicales recortes que han sufrido, para hacer buenos diagnósticos y dar autorizaciones responsables?
¿ Cuándo sí y cuándo no a un proyecto minero? ¿ Con qué fortaleza y con qué personal técnico se supervisará su actuar?
¿Cuál será el papel que jugará en todo esto Napoleón Gómez Urrutia, senador por Morena? Hoy preside la Comisión de Trabajo y Previsión Social, es Secretario de la Comisión de Economía y es integrante de las comisiones de Energía, Minería y Desarrollo Regional y de Relaciones Exteriores. Todo un enigma.
