Hace seis meses comentaba en esta misma columna que el regreso de Trump a la presidencia de EU traía muchas incertidumbres y la amenaza de deportaciones masivas era de las que más preocupaban a México. No era para menos: los mexicanos siguen siendo el grupo más numeroso entre la población indocumentada en aquel país (cerca de 4.3 millones).
El Gobierno mexicano, en una lógica de “por si las dudas”, decidió no solo preocuparse, sino ocuparse. Diseñó una estrategia integral que incluía fortalecer la asistencia consular y, ante una posible deportación, prometía acceso a programas de bienestar, empleo, transporte, afiliación al IMSS y un apoyo económico de dos mil pesos mediante la Tarjeta Bienestar Paisano. Como pieza clave se instalaron diez centros de atención para repatriados en puntos estratégicos de la frontera norte.
La lógica parecía buena: recibir con brazos abiertos a los connacionales expulsados. Sin embargo, el fenómeno tuvo una magnitud distinta a la esperada. Las cifras de personas devueltas por autoridades estadunidenses y recibidas por México durante 2025 fueron de las más bajas en décadas: cerca de 160 mil eventos, una reducción del 22.3% respecto a 2024, uno de los niveles más bajos en 30 años.
Esta realidad, sin duda una buena noticia para los migrantes y sus familias, nos obliga a hacer un ejercicio de reflexión sobre la planeación de la respuesta gubernamental. ¿Por qué se dimensionó una estrategia para un escenario de cientos de miles de deportados? ¿Fue el uso de los recursos, como esos 10 centros de atención, el más adecuado para la realidad que finalmente se presentó?
Hoy, con la perspectiva que da el tiempo, se puede afirmar que, probablemente, no. Se excedió la respuesta en algunos aspectos, mientras que quizás se quedó corta en otros, como en la atención a las comunidades mexicanas que viven con el miedo cotidiano dentro de EU. La aparente paradoja es evidente para muchos: las redadas del ICE y las historias de terror abundan en los noticieros, pero las cifras de arrestos, aunque han aumentado sustancialmente, no alcanzaron los escenarios de deportación masiva que se suponían, sobre todo en las dimensiones para las que en algunos aspectos se preparó el Gobierno mexicano.
Recientemente un periodista me consultó sobre esta contradicción. La explicación –y posible error de diagnóstico– es que la mayoría de las deportaciones históricas se explica por aprehensiones en la frontera, de personas que intentan ingresar sin documentos. Con el endurecimiento fronterizo, los cruces indocumentados se redujeron drásticamente. Por lo tanto, las devoluciones también cayeron. No hay paradoja, sino mala interpretación de estadísticas.
Quizá el Gobierno imaginó un escenario similar a 2008 (medio millón) o inicios de siglo (más de un millón). Pero esos escenarios ocurren cuando hay gran flujo de personas intentando cruzar, situación que, para migrantes mexicanos, hace años no sucede. La lección es valiosa. La política migratoria no puede construirse solo con amenazas discursivas. Requiere un diagnóstico fino, que mida flujos reales, cambios en el perfil del migrante y nuevas dinámicas en EU. Prepararse para lo peor es una máxima política, pero hacerlo sin una lectura adecuada del presente puede llevar a sobreactuaciones costosas y a descuidar los problemas reales que viven los mexicanos en el exterior.
Luis Enrique Calva Sánchez*
*Profesor-investigador de El Colef Monterrey. Coordinador de la Especialidad en Migración Internacional.
Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien escribe. No representa un posicionamiento de El Colegio de la Frontera Norte
