La 15ª Conferencia de las Partes del Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica se reunirá en diciembre del 2022 en Montreal, Canadá, donde se espera que se adopte un nuevo acuerdo mundial para salvaguardar la naturaleza. México debe aprender de otros países y compartir sus propias experiencias, para acelerar el cumplimiento efectivo del nuevo acuerdo global.
Los países que han logrado destacar en políticas públicas ambientales han tenido éxito para combinar el diseño institucional con la adecuada provisión de recursos. El caso de Costa Rica llama la atención porque se convirtió en el primer país tropical en ganar cobertura forestal en el mundo, a pesar que llegó a tener uno de los índices más altos de deforestación en América Latina.
En Costa Rica existe un Ministerio (lo que en México sería una Secretaría) que reúne las funciones para regir la materia energética y también la ambiental, se trata del MINAE o Ministerio de Ambiente y Energía. Esto permite que haya una congruencia plena entre la política ambiental y la política energética. En otros países en donde estas funciones están separadas y son de incumbencia exclusiva, siempre habrá una preponderancia de una de ellas, además de numerosas contradicciones entre ambas políticas, sea por falta de coordinación o por prioridad expresa de una de ellas en los programas de gobierno.
Uno de los aspectos que es relevante en el caso de Costa Rica consiste en la vinculación de muchos programas específicos a impuestos precisos, Por ejemplo, el Pago por Servicios Ambientales en Costa Rica está fondeado por el impuesto de 3.5% a los combustibles fósiles. Huelga decir que el programa ha sido todo un éxito. Esta estrategia se sigue en las políticas ambientales del país centroamericano, como en el caso del impuesto a la madera que sirve para fondear la reforestación; esta vinculación está contemplada en la Ley 7575. Con un fondeo preciso de recursos, las políticas ambientales tienen una fuente cierta y constante. De lo contrario, las mejores políticas públicas ambientales pueden perder toda su eficacia por un recorte presupuestal severo.
Dentro del diseño institucional en Costa Rica existe el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) que tiene como misión gestionar de manera integral la conservación y el manejo sostenible de la vida silvestre, así como los recursos forestales, las áreas silvestres protegidas (lo que en México son las áreas naturales protegidas), y también las cuencas hidrográficas y los sistemas hídricos. Costa Rica comprendió de manera atinada que todos estos elementos deben estar coordinados para que una política pública ambiental y de conservación pueda funcionar. El país centroamericano promueve el manejo integrado del paisaje en sus estructuras institucionales. No existe la menor duda que México debe adecuar su marco de trabajo para fomentar la intersecretarialidad en el territorio, tanto terrestre como marino – costero.
Además de estos elementos que acabamos de mencionar, académicos como Sánchez-Azofeifa (2015) aseguran que en el caso de Costa Rica, el crecimiento de la cobertura forestal fue resultado de un conjunto de políticas públicas múltiples de varias administraciones como lo fue la liberación de tierra destinada a pastizales forrajeros, la Ley 7575, el pago por servicios ambientales, el aumento del nivel educativo, el tránsito de una economía del sector primario al sector de servicios, así como una correcta planeación y financiamiento a la conservación forestal.
En Costa Rica, país que no tiene fuerzas armadas desde 1948, se ha tomado una decisión fundamental por el cuidado al medio ambiente. En el caso de México, no cabe duda que la presente administración se está enfocando en las políticas sociales de ayuda a los más pobres. Sin embargo, urge avanzar de manera simultánea en el rescate de todos los ecosistemas del país. Si se sigue acelerando la degradación ambiental al paso que va, los problemas serán cada vez más difíciles de tratar. El ejemplo de Costa Rica puede servir a México, solo si se sabe adaptar diseños y acuerdos institucionales con todas las fuerzas que confluyen en el país. Son decisiones fundamentales que podrán permitir la viabilidad de México, visto como un conjunto de ecosistemas en grave riesgo y que son la base de cualquier desarrollo humano futuro. Se debe tomar en cuenta que México no deja de perder cobertura forestal desde inicios del siglo XX, a pesar de todos los esfuerzos realizados hasta la fecha (Ricker et al., 2007; Rosete-Vergés et al., 2014).
Jorge Alberto Venegas Díaz [1] y Andrew Rhodes Espinoza [2]
1. Maestro en Política y Gestión Energética y Medioambiental por FLACSO sede México y candidato a Maestro en Agroecología por la Universidad del Medio Ambiente.
2. Vicepresidente de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.Referencias
Ricker, M., Ramírez-Krauss, G., Ibarra-Manríquez, G., Martínez, E., Ramos, C., González Medellín, G., Gómez-Rodríguez, G., Palacio-Prieto, J. y Hernández, H., (2007). Optimizing conservation of forest diversity: a countrywide approach in Mexico, Biodiversity and Conservation 16: 1927-1957 (2007)
Rosete-Vergés, F. Pérez-Damián, J., Villalobos-Delgado, M. Navarro-Salas, E., Salinas Chávez, E y Remond-Noa, R. (2014). El avance de la deforestación en México 1976-2007, Madera y Bosques, vol. 20 núm. 1:21-35, primavera 2014.
Sánchez-Azofeifa, A. (2015). Análisis de la cobertura forestal de Costa Rica entre 1960 y 2013. Ambientico, Núm. 253, mayo 2015.
