Hace unos días, estalló en la opinión pública de la acusación contra 31 científicos acusados de crimen organizado por la Fiscalía General de la República y el propio CONACYT. Para ellos, se pidió una orden de aprehensión al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya, lo que fue negado. Mientras la FGR más intenta llevarlos a tribunales, más crece el apoyo de catedráticos, estudiantes, legisladores y la oposición.
Se considera un despropósito que se les señale de lavado de dinero y delincuencia organizada (suficiente para declarar prisión preventiva oficiosa), así como por uso indebido de recursos, peculado y uso ilícito de atribuciones.
El tema pasó de la Auditoría Superior de la Federación a la Fiscalía General de la República. En caso de que el Juez de Almoloya hubiera accedido de inicio a lo que la FGR le solicitaba, las y los 31 científicos estarían desde la cárcel enfrentando acusaciones provenientes de señalamiento de desvío de recursos en uso de telefonía, bocadillos y viáticos.
Y la opinión pública indignada.
En agosto de 2020, se difundió la noticia que desde el mismo Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya, se había girado una orden de aprehensión contra 19 “altos funcionarios” de la Policía Federal por los mismos delitos que a los científicos: lavado de dinero y delincuencia organizada. Alguno de ellos, un jefe de departamento, acudió al día siguiente a trabajar a la Guardia Nacional aún cuando su nombre había sido filtrado a medios. Fue detenido en su trabajo “en un operativo” y al día de hoy continúa en la cárcel enfrentando una acusación, que de acuerdo a algunos, no había prosperado en instancias administrativas de auditoría.
Uno más tardó nueve meses en esperar a que se resolviera un amparo y poder presentarse a defenderse en libertad o que les llamaran a cuentas y se entregó, cansado de ser señalado por un delito del cual, el propio Juez determinó que no había elementos.
Otros más están esperando, ahorrando para el abogado, temerosos.
Probablemente de esos 19 “altos funcionarios”, solo habrá dos o tres que tengan mucho qué decir sobre desvíos, pero la gran mayoría, eran enlaces administrativos de los que difícilmente su estado patrimonial actual podría dar cuenta que se pusieron de acuerdo para realizar el desvío multimillonario.
¿Cuál es la diferencia entre científicos y policías para la diferenciación en la opinión pública? Justamente la profesión entre unos y otros. Desafortunadamente a los policías, incluso en temas administrativos a los que están sujetos todas las instituciones del Estado, se les trata con más dureza.
Y por supuesto, no se les da la oportunidad de ir a comer a sitios caros.
Es una extraordinaria noticia el despertar ciudadano en favor a la comunidad científica, en un país en donde históricamente se ha desdeñado a la ciencia. Ojalá sea el precedente para el apoyo que la comunidad policial también necesita.
Sophia Huett
