A las 3:42 de la madrugada, una pipa cruzó la frontera por un punto legal. Llevaba consigo diésel, con todos los documentos en regla: pedimento de importación, destino registrado y permiso en orden. No hubo fuga, ni persecución, ni operativo. Solo una transacción más que pasó desapercibida. Días después, ese mismo combustible terminaría abasteciendo una red clandestina en el norte del país. Todo sin una sola gota de violencia.
No es una escena aislada. Tampoco es nueva. Es simplemente el reflejo de cómo ha evolucionado uno de los fenómenos criminales que más ha desafiado al Estado mexicano: el huachicol. Solo que ahora ya no siempre implica ductos perforados o tomas clandestinas. El huachicol, como muchas economías ilegales, ha mutado.
Hoy, la lucha contra el robo de hidrocarburos se mantiene firme, activa y con resultados. Se cierran tomas clandestinas, se aseguran ductos, se decomisan vehículos adaptados, maquinaria y bidones. Solo en los últimos años, los aseguramientos han sido históricos: millones de litros de combustible asegurados, rutas desmanteladas y redes logísticas golpeadas en zonas antes inalcanzables. Esta ofensiva no es circunstancial. Responde a una convicción clara del gobierno federal, ahora encabezado por la presidenta de la República, de no permitir que el crimen organizado siga financiándose a costa del patrimonio nacional.
Esa firmeza ha rendido frutos. Se ha contenido el huachicol más visible, el que se hacía con violencia, en comunidades enteras, en zonas de riesgo. Las válvulas están más vigiladas, los ductos cuentan con mayor tecnología y las instituciones actúan con coordinación. Pero, como suele pasar, el crimen se adapta.
Hoy, el mayor reto ya no está solo en el subsuelo. Está en los documentos. En los permisos de importación. En las facturas apócrifas. En los esquemas fiscales que permiten que miles de litros crucen nuestras fronteras sin pagar lo que deben, sin controles reales, y terminen alimentando economías ilegales desde la apariencia de legalidad.
El nuevo rostro del huachicol es el contrabando fiscal e internacional. Por un lado, el crudo que sale de México bajo esquemas opacos, con empresas fantasma o documentación alterada. Por el otro, el diésel que entra desde Estados Unidos simulando usos agrícolas o industriales, exento de impuestos, y que termina abasteciendo redes clandestinas. No se trata de un fenómeno menor ni marginal: el combustible más barato y sin trazabilidad sigue siendo una fuente poderosa de financiamiento para el crimen organizado.
Por eso, la lucha contra el huachicol no ha terminado. Ha evolucionado. Ahora exige vigilancia aduanal, trazabilidad fiscal, inteligencia financiera y voluntad para revisar incluso lo que parece estar en regla. El combate a este nuevo modelo requiere una mirada estratégica, una actuación binacional y el compromiso de todos los niveles de gobierno.
México ya demostró que puede contener y revertir fenómenos complejos. Lo hizo en el terreno, y ahora tiene la oportunidad de hacerlo también en los circuitos del papeleo y las omisiones. Porque cuando el crimen puede facturar su combustible, también factura su poder.
Y si queremos cerrar el paso al crimen, no basta con cerrar las válvulas: hay que cerrar también la puerta a la impunidad disfrazada de legalidad.
