No resulta exagerado afirmar que el experimento mexicano de crear condiciones muy adversas para la inversión privada nacional e internacional en el sector eléctrico mexicano, como parte de una estrategia político-electoral, no sólo ha generado un boquete en el crecimiento económico, sino que desconectará a México del tren tecnológico energético del siglo XXI, del bloque de integración económica del hemisferio norte y de las expectativas de un futuro energético y limpio para los jóvenes mexicanos.
La perspectiva unidimensional de la energía como una pieza clave en la construcción de un proyecto político ha nublado totalmente la visibilidad hacia las macrotendencias energéticas que marcarán el peso económico de los países en las siguientes décadas.
La sumisión de algunos en la Suprema Corte y el uso de la política energética nacional como un ariete ideológico arrastran ya a todos los mexicanos, a un peligroso agujero negro del que no escapa ni la luz.
La insoportable “levedad jurídica”
La reciente resolución de la Corte haría vibrar de emoción a Milán Kundera ante tal fuente de inspiración. Fuimos testigos del arte constitucional de pronunciarse sin pronunciarse. Del cálculo matemático y político por parte de su presidente para complicar la invalidez constitucional de las reformas a la ley de industria eléctrica, jugando hábilmente con las probabilidades y los mecanismos de votación.
Parecía que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia no buscaba resolver si había o no validez constitucional, sino “evitar” a toda costa la confrontación directa con la estrategia del Presidente de la República. Su voto era el fiel de la balanza para lograr los 8 votos de la invalidez constitucional en un escenario político en donde 4 de los 11 ministros de la Suprema Corte han sido designados por la actual administración y 7 de ellos en pasadas administraciones (incluido el Presidente propuesto por Felipe Calderón Hinojosa). Tan es así, que hubo rondas de votación en donde algunos artículos clave de esta reforma alcanzaron 7 votos en favor de la inconstitucionalidad.
Faltó un voto más…el del Presidente de la Corte, que siempre caminó por el sendero del cálculo político y de la insoportable levedad jurídica. Esto resultó en un “gran regalo” para el Poder Ejecutivo ya que sus intenciones nunca han sido pasar la reforma constitucional.
Fuente: Decreto por el que se reforma la LIE. Diario Oficial de la Federación. 9 de marzo de 2021.
Maromas legislativas
La reforma eléctrica tanto en su vertiente de reforma constitucional como de reforma federal no tuvo el arrastre popular que esperaba el Poder Ejecutivo. “No prendió” como proyecto político electoral para lo cual fue diseñada. No se convirtió en el factor de movilización nacional como alguna vez lo fue la nacionalización petrolera. Quizás porque plantear demoler la competencia, las energías limpias y violentar los acuerdos internacionales, un siglo después, en aras de una supuesta soberanía ya no encuentra eco en las nuevas generaciones. Basta observar el resultado de varias encuestas, como la de Gabinete en Comunicación Estratégica del 26 de octubre de 2021 o la publicada en el periódico El Financiero el pasado 3 de febrero. En ambas queda registrado que las reformas tienen un peso específico ínfimo sobre las razones de “aprobación del presidente” y que además no son realmente “conocidas por el pueblo”.
El bajo puntaje en el “populímetro” aniquiló a la reforma constitucional desde su concepción. Sin “utilidad política” no hay como compensar los costos sobre su aprobación. Por ello, el libreto de palacio es empujar el rechazo a la iniciativa. Dos han sido las medidas clave para esto: acelerar los tiempos de la votación en la Cámara de Diputados y no permitir ningún tipo de negociación sobre el texto propuesto.
El poder ejecutivo nunca ha tenido los votos suficientes para aprobar la reforma constitucional energética en ambas Cámaras que requieren una mayoría de 2/3 partes. Parece que en el fondo nunca los ha querido, ni los pedirá, pues ha sido impecable en su estrategia para no obtenerlos. Parece que lo único realmente rentable de esta propuesta es su mercadotecnia política no su aprobación. Hay que “venderla” sin “pasarla”.
Fuente: Gaceta Parlamentaria LXV Legislatura. 1º de octubre de 2021.
La clave está en su diseño lo suficientemente radical para cerrar toda alternativa, pero, sobre todo, en la línea de no negociabilidad dictada y ratificada desde el alto mando “se queda como está”.
Eliminar los costos políticos y económicos “asegurando” el rechazo a la reforma, no implica renunciar a sus beneficios. En el discurso y en la acción política se capitalizará, durante los próximos años, cada milímetro del “rechazo de la oposición conservadora”. Dependerá de la habilidad de los partidos políticos de oposición el desenlace de esta última etapa energética. De ahí los parlamentos abiertos, las contrapropuestas, la comunicación política y todo el repertorio que veremos en los próximos días y meses.
Bonita sorpresa si en este contexto, y bajo un gélido y maquiavélico cálculo político, la oposición votara la reforma constitucional a favor y se la entregara al gobierno en propia mano cual granada de fragmentación activada, que no la espera, con sus desastrosas consecuencias presupuestales, internacionales y económicas para nuestro país y los mexicanos por muchos años. No habría a nadie a quien culpar y la espada estaría clavada en el corazón. Pero esto es solo una especulación, esperemos que haya altura de miras. Primero el país, luego la política.
¿De qué tamaño es la pedrada?
El prestigiado Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL) de EUA publicó hace unos días el resultado de un estudio, validado contra datos del CENACE, que proyectaba tanto el potencial general del país en el desarrollo de energía limpia como lo que “podríamos” lograr de aquí al 2024.
Considerando proyectos tanto de CFE como del sector privado en la repotenciación de presas hidroeléctricas, proyectos geotérmicos, energía solar y eólica podrían alcanzarse hacia 2024 hasta 15,000 MW de energía limpia en el escenario más ambicioso.
En los siguientes dos años de esta administración se “podría” obtener una reducción de costos totales de generación de energía eléctrica para los usuarios de $1,000 millones de USD, $17,000 millones de USD de inversión adicional, 72,000 nuevos empleos y el cumplimiento de la meta de 35% de generación de energía limpia para 2024. De acuerdo con NREL, esto sería posible con la implementación de fuentes de energía renovable, sosteniendo los criterios necesarios de confiabilidad del sistema, disminuyendo las congestiones de la red, las emisiones y el nivel general de precios (sobre todo en la península de Yucatán). Todo esto hacia el cierre de 2024. Sin embargo, México tiene otros planes.
Fuente: NREL https://www.nrel.gov/news/press/2022/nrel-identifies-abundant-renewable-energy-resources-as-key-to-mexicos-clean-energy-ambitions.html
¿Qué nos espera, o más bien, desespera?
No serán ni la política ni los discursos los que devolverán la energía a los usuarios de México y el mundo. Será el incontenible impulso tecnológico, la reducción de costos que lo acompaña y la amenaza existencial que representa el cambio climático. No hay duda que las decisiones y discusiones actuales en nuestro país desbordadas de retórica ideológica serán en breve, en el menor de los casos, una mala broma de sobremesa a la luz de la realidad, y en el peor, el primer gran quiebre económico de México en el nuevo siglo.
Dos son ya las grandes fuerzas de transformación. En primer término, la transición energética como un fenómeno que reestructura el enfoque estratégico de toda la industria eléctrica hacia la eliminación de emisiones. Que empuja todo el desarrollo político, tecnológico y regulatorio a su alrededor y que tiene como piedra angular la cooperación nacional e internacional para su realización.
En segundo término, la nueva digitalización de la industria eléctrica que la subirá, de lleno, al carril de aceleración y cambio que ha caracterizado a las tecnologías de la información en las últimas tres décadas. Esto último no tiene precedente. Las implicaciones para la industria son inimaginables. Desde la desaparición de los modelos de despacho eléctrico centralizado (no será necesaria ya una gran empresa central que controle todo), hasta la profunda democratización de la energía en donde cada usuario cubrirá y “controlará” sus propias necesidades energéticas limpias. Por supuesto que hay retos que resolver, pero la tendencia es irreversible.
No es accidental que la invasión de Rusia a Ucrania tenga una base energética y que la lección de este conflicto sea la diversificación de fuentes de energía (limpia) y la diversificación de inversiones (múltiples fuentes de inversión). La concentración pública (gobierno) o privada son un riesgo catastrófico para la soberanía. México apunta peligrosamente al abismo.
¿Quién la mató?
No fueron las 3 visitas en menos de 5 meses de John Kerry el enviado especial para cambio climático del gobierno de EUA y principal socio comercial de México, ni las gestiones del embajador norteamericano Ken Salazar, ni la claridad con la que ha expresado su profunda preocupación el gobierno de Canadá desde hace más de tres años con respecto a la política energética mexicana. Ni las preocupaciones al respecto que ha manifestado el embajador de la Unión Europea en nuestro país.
Tampoco los foros de parlamento abierto de la reforma eléctrica, ni los esfuerzos de la oposición por clarificar el desastre eléctrico que se plantea. No lo fue la complejísima coyuntura energética de la pandemia del COVID, ni la actual invasión a Ucrania cuyo conflicto ha complicado el mercado energético internacional con consecuencias de pronóstico reservado y difíciles para nuestro país en varios frentes como son el gas natural y los fertilizantes.
Ni las desastrosas consecuencias presupuestales, tecnológicas y económicas que se vislumbran para México. Ni el peligroso impacto para la salud general por el aumento de emisiones. Ni la pérdida de oportunidades de empleo y desarrollo para el pueblo y sus jóvenes quienes ya perdieron una década energética y contando…
No, ella murió de soledad por indiferencia popular…
*Severo López Mestre Arana es experto en energía y política regulatoria
