El discurso de la presidenta Sheinbaum del 30 de mayo cerró con dos mensajes claros. Primero: México no entregará a los funcionarios cuya detención, con fines de extradición, solicitó el Departamento de Justicia de los EUA. Hacerlo, advirtió, permitiría que oficinas extranjeras se conviertan en “el principal elector en México”. Segundo: un llamado al soberanismo que divide el campo entre quienes defienden a la nación y quienes, aliados con intereses externos, financiarían campañas millonarias para, mediante desinformación, modificar la percepción de la realidad con el propósito de desestabilizar al gobierno y detener a la 4T.
Del otro lado, Washington designó a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras; se les considera amenazas a la seguridad nacional; y se ha anunciado el posible uso de la fuerza militar más allá de la cooperación policial tradicional. Todo ello en documentos y declaraciones oficiales de la Casa Blanca. Además, se emitieron acusaciones formales a funcionarios mexicanos —habría otras por venir— y se activó el tratado de extradición.
Estamos ante un choque de políticas. Trump requiere una victoria contundente contra el narco para volver a ganar terreno en su deteriorado escenario electoral. Sheinbaum se refugia en el nacionalismo para tratar de evitar las extradiciones y desviar la atención de los severos problemas internos. Trump necesita un México culpable; Sheinbaum un Trump agresor. Paradójicamente, ambos se necesitan.
El problema es que llevamos las de perder. Un análisis de escenarios lo confirma. La entrega selectiva de extraditables aliviaría la presión, pero fracturaría a Morena. Refugiarse en la defensa de la soberanía polariza y tienta el uso expansivo de la UIF, el SAT y aun las fiscalías contra los críticos. Una crisis electoral en 2027 probablemente desencadenaría el uso de la causal de “injerencia extranjera”, que ahora será aplicada por tres magistrados electorales cuyo precio fue la permanencia en el cargo. La renegociación del T-MEC, de por sí compleja, corre el riesgo de verse contaminada por la disputa, incluso de no concluir.
Hay, además, un escenario extremo: que Estados Unidos actúe de forma unilateral para detener y extraer a los funcionarios reclamados o despliegue alguna medida limitada de uso de la fuerza. Sería la realización literal del “vienen por unos y luego por otros”. Resultado: máxima polarización, crítica considerada traición a la patria y profunda disrupción institucional. Sería soltar al león en la arena.
El riesgo de fondo no es solo la presión externa. Es que, ante una amenaza real o magnificada, el gobierno reclame facultades de excepción, justo cuando los contrapesos están debilitados y el poder judicial capturado. Ahí la soberanía deja de proteger y empieza a cobrar víctimas. Las cartas ya están sobre la mesa. Y no auguran nada bueno.
