El Presidente de la República tiene prisa por transformar al país. En su discurso del 1 de julio, advirtió que este mismo año arrancaría “de raíz el régimen corrupto” y que construiría “las bases para la transformación política de México”. El proyecto es muy ambicioso. Supone cambios estructurales y una renovación profunda de las normas que nos regulan hasta ahora.
Fiel a su palabra, durante las últimas semanas las decisiones políticas y sus implicaciones jurídicas se han acumulado. Hemos presenciado la integración y despliegue de la Guardia Nacional, el arranque de los grandes proyectos de infraestructura, las medidas para controlar los flujos migratorios, la inconclusa discusión sobre la ley de austeridad republicana, el inicio de los arbitrajes internacionales por siete gasoductos, las reformas constitucionales en materia de equidad de género, la aprobación de la ley de extinción de dominio y un largo etcétera.
Cada una de estas acciones tiene una dimensión jurídica que llama a la reflexión. Vistas en conjunto, son prueba fehaciente de esa voluntad de transformación acelerada. El asunto es que, tanto por su velocidad como por sus contenidos, generan un entorno de incertidumbre, acentuado por las deficiencias técnicas que tienen algunas de las nuevas leyes.
Lo anterior es problemático pues la certidumbre es uno de los pilares que soporta el estado de derecho. Toda sociedad moderna necesita conocer las reglas del juego y poder actuar en consecuencia.
Sin duda, un déficit secular del país es que esas reglas y los árbitros que las aplicaban solían hacerlo discrecionalmente. Muchos de los esfuerzos de reforma institucional del pasado buscaron crear un entorno de certeza. Hoy debemos admitir que ello se logró muy parcialmente. Para muchos mexicanos, quizá la mayoría, el estado de derecho sigue siendo una entelequia.
Ahora enfrentamos un problema distinto, pero que altera también las coordenadas de la certidumbre. Los cambios que propone la 4T son profundos y suponen la modificación de muchos de los parámetros conocidos.
Estamos iniciando una etapa de inestabilidad institucional en la que necesariamente entrarán en conflictos valores y visiones sobre el derecho y sus instituciones. Quizá el más visible, enfatizado por el propio Presidente, sea el dilema entre la justicia material y la formalidad que acompaña la institucionalización de los derechos. Admitirlo es un buen principio para el análisis pausado que necesitamos.
En este entorno, toda la profesión jurídica enfrenta un reto enorme. Pero una gran parte de la responsabilidad recaerá en los jueces y, en particular, en las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Confío en que estarán a la altura, y que será a través del diálogo judicial y la defensa de su autonomía que serán capaces de administrar la incertidumbre en tiempos de cambio.
* Director e investigador del Cide
