Más de 107 mil pobladores se beneficiarán del proyecto anunciado por el gobernador Julio Menchaca, con una inversión histórica para la infraestructura hídrica por 466 millones de pesos, presupuesto que nunca ha sido ejercido anteriormente para un proyecto de esa magnitud en la zona metropolitana de la capital hidalguense.
Se crearán seis nuevos pozos para distribución y conducción de agua potable, servicio por el que en los últimos años los habitantes de la zona metropolitana de Pachuca han sufrido, lo que causó una inconformidad social que llevó a que ciudadanos levantaran la voz y surgieron rumores contra la gestión del titular de la Comisión de Agua, Alcantarillado y Sistemas Intermunicipales, Juan Evel Chávez Trovamala, que llegó a calificarse como las peores direcciones de la administración de Julio Menchaca.
Pese a la confianza que la gente tiene en el mandatario estatal, aún hay incertidumbre sobre la instalación de los seis pozos, los cuales serán vigilados por la policía hídrica, para proteger esta inversión pública. Esa declaración nos hace dudar de la gobernabilidad y seguridad que dependen del gobierno. Nos hace pensar que la inseguridad supera la voluntad de la administración.
Con esta función de la nueva corporación de Caasim, según declaraciones de Chávez Trovamala, en solo 10 meses lograrán mitigar 90% de esta incidencia en los pozos que están afectados y se espera que no sea un modo de desviar recursos necesarios para reparación, atención, rehabilitación a redes de distribución de agua potable, y que se cumpla el deseo de combatir este problema que se está volviendo tema de uso político, como lo ha hecho el PAN con la campaña que encabeza contra el gobierno por falta de agua, con la cual ha logrado conectarse con la inconformidad social.
La mayoría de los hidalguenses desean que este proyecto se lleve a cabo y ven la voluntad de Menchaca de resolver el problema del agua, lo que merece un gran reconocimiento para su trabajo, salvo que algunos funcionarios no cumplan con este planteamiento, lo que puede poner en riesgo la imagen del gobernador.
