Ejecutar el castigo es un derecho natural, como el derecho a la vida y a la libertad, favorece y da justicia a la víctima y castiga al victimario, por ello, cualquier impunidad pone en peligro a la humanidad entera.
Lo que está ocurriendo en Hidalgo y la forma de hacer justicia por parte del gobernador Julio Menchaca Salazar, genera confianza entre la sociedad que es susceptible de ser atacada por los mismos funcionarios que se aprovecharon del cargo.
En ese entendido, la semana pasada la fiscalía del estado capturó al exsubsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), por un presunto peculado de más de 140 millones de pesos, que se puede considerar como la ampliación de la denominada “estafa siniestra”, efectuada por presidentes municipales que supuestamente desviaron recursos, y por lo que hay toda una investigación en curso, con involucrados en prisión preventiva y personajes prófugos.
Debe disuadirse a todos los funcionarios de desobedecer la ley, ya que están para cuidar a la ciudadanía, esa disuasión no puede resolverse solamente por anunciar y perdonar a quien no merece el perdón, hoy la percepción ciudadana manifiesta su esperanza en el gobernador de que va a castigar a quien como servidor público tenga la intención de aplicar el viejo sistema de corrupción, y que, como dice el dicho, vean remojar las barbas de su vecino, sin embargo, lo visto hasta la fecha es que la justicia camina muy lento, porque la mayoría de los presidentes acusados circula libremente con el mismo sistema, guardando recursos del pueblo en sus cajas personales.
Con todo esto los hidalguenses no han perdido la confianza en que Julio Menchaca va a hacer cumplir la ley para castigar a esa gente, devolverle al pueblo lo robado y aplicar mano dura.
Actualmente la investigación por la “estafa siniestra” se mantiene como la más grande operación contra la corrupción que se ha emprendido desde la administración de un gobierno estatal, y se extiende hasta la búsqueda de ex funcionarios que son requeridos hasta por la Interpol.
