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Domingo , 21.04.2019 / 21:55 Hoy

Palabras y hechos

Violencia política de género

Sarkis Mikel Jeitani

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Cambiar o agregar más términos al nombre de una persona siempre mantiene el sello de discriminación de género, aunque recibe algunos retoques cuando de violencia se trata.

El Tribunal Electoral de Estado de Hidalgo (TEEH) pretende desde hace tiempo erradicar esta situación; por ello, hace tres semanas realizó la primera sesión Institucional para atender el tema de la violencia política contra las mujeres en la entidad.

De igual forma, el gobierno de Omar Fayad Meneses reiteró su propósito de proteger en exclusiva a las mujeres de la violencia política con el firme compromiso de mantener su planteamiento, el cual también es defendido por las organizaciones feministas.

El origen radica en la desigualdad entre sexos y la existencia de un sistema partidista aplicado por una cultura machista, sumado a una fallida cultura política ejercida desde hace siglos en el país. Es así como las mujeres enfrentan esa violencia específica, no sólo por el hecho de pertenecer a este género, sino también por la falta de participación y la carencia de hacer política, de ahí que sea necesario tomar medidas para combatir la discriminación.

Vale recordar que hoy en día las legislaciones tratan de proteger a la mujer, haciéndolo notar muy claramente en la última reforma política de la Ley Electoral; sin embargo, la exclusión masculina de la misma ha sido eje de la única forma negativa que puede atrasar su implementación, no obstante que la aprobación se dé por la mayoría del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo que está al tanto de que el gobierno pretende tratar lo mejor posible a quien es objeto de la violencia política por el hecho de ser mujer, de endurecer las penas para quienes los cometen incluyendo a todos los partidos políticos y sus dirigencias que son los primeros que buscan el modo de ignorar el cumplimiento de la ley para beneficio de sus intereses personales machistas o para hacer más fáciles las negociaciones al interior del partido entre las diversas corrientes políticas que son en su mayoría conformadas por hombres.

Es claro que esta discriminación no es dolo constitucional, sino parte de la formación política que le hace mucha falta a las mujeres y que desafortunadamente aún no ponen el interés necesario para romper ese límite que el sistema partidista impone dentro de las dirigencias.

El proyecto de ley contempla la implementación de castigos por ejemplo: en el caso de las amenazas contra la mujer y que sean perpetradas por hombres se considerarán delitos penales, este aspecto ha provocado críticas pero ha sido un logro de las mujeres.

En 1997, la Organización de las Naciones Unidas recomendó reforzar la legislación en distintos ámbitos con el fin de combatir cualquier violencia contra las mujeres, sabiendo que ellas han realizado modificaciones en la vida cotidiana de la política, asunto sugerido por lideresas que con todo su esfuerzo y gran trabajo no han podido superar ese obstáculo de hacer política. Esta ley debe de recoger expresamente el derecho de estas mujeres, luchadoras sociales que son las primeras afectadas por la discriminación de género y la violencia política para que se les de mayor protección que garantice de forma efectiva las medidas respecto de los cambios relevantes que afectan al objetivo de la ley así como al instrumento partidista para erradicar la exclusión, la desigualdad y la presencia del capital político del hombre sobre la mujer.

Se debe eliminar esa intencionalidad que hace ver que el objetivo mismo de la discriminación sea la agresión, no sólo a las mujeres sino a los derechos humanos en general. Actuar contra la violencia política, la discriminación, la desigualdad y las relaciones de poder del hombre sobre la mujer son actos ejercidos también por parte de cónyuges o personas ligadas a ellas por relaciones similares de afectividad, quienes utilizan este nexo para manipularlas y obligarlas a inclinarse por las decisiones políticas de sus hombres; las organizaciones feministas y los pioneros en el tema exigen una ley contra la violencia política y los machistas, sin embargo, la realidad es que la violencia política se considera un problema social de graves consecuencias para toda la sociedad que se ve potencialmente perjudicada en el desarrollo personal y profesional, para cuya resolución se hace necesario un nuevo escenario político que promueva los valores de equidad, la llamada democracia, las libertades y los derechos humanos fundamentales, así como la garantía de igualdad al hacer política y al tomar decisiones públicas, aunado a contar con la voluntad política, con los recursos necesarios para su desarrollo y finalmente la correcta aplicación de la política en igualdad de derecho.

colegiolibredehidalgo@gmail.com

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