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Sábado , 23.02.2019 / 09:22 Hoy

Columna de Sarkis Mikel Jeitani

Sistema anti corrupción, ¿será la solución?

Sarkis Mikel Jeitani

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La lucha contra el fraude y la corrupción se ha vuelto el tema electoral en los últimos años en todo el país, incluyendo el Estado de Hidalgo; por ello, el Congreso local está en búsqueda de afinar detalles para supuestamente ajustar a la iniciativa y crear el Sistema Estatal Anticorrupción.

Es claro que la corrupción afecta drásticamente tanto al sector público como al privado; en el caso de Hidalgo, en la última década muchos de los inversionistas se desilusionaron en el contexto de un estado corrupto, así mismo los gobernantes y sus funcionarios encontraban dificultades para cumplir con políticas efectivas y convencer a los inversionistas nacionales o internacionales.

Por esta razón, Hidalgo había sido un área donde las transacciones de negocios eran frecuentemente afectadas por el soborno y la corrupción desde las pequeñas instituciones privadas hasta las públicas, como el caso de CASSIM, dirigido por Daniel Barrera, pasando por el escándalo de Radio y Televisión que dirigía Sergio Islas Olvera y el más grave de todos, el de la Secretaria de Educación Pública del Estado de Hidalgo en la época del ex secretario Miguel Ángel Cuatepotzo, entre otros muchos más que según las malas lenguas saquearon millones de las cuentas del erario público.

Por ese motivo, los índices de corrupción han subido en el Estado lo que ha generado un mayor escrutinio sobre todo en este tema, convirtiéndose en prioridad ciudadana y del Gobierno del Estado junto con la voluntad del Presidente de la República quien promulgó el decreto por el que se reforma, adiciona y derroca diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para crear el Sistema Nacional Anticorrupción con el objetivo de sancionar a los servidores públicos de los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, además de contemplar el castigo a particulares que incurran en actos de corrupción y que autoriza a la autoridad correspondiente para dictar la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad privada respectiva que causa perjuicio al erario o a los entes públicos federales, locales y/o municipales.

Si bien, la iniciativa del sistema contra la corrupción representa un importante esfuerzo legislativo para ajustar y afinar detalles que sienten las bases que pretenden combatir la corrupción en el Estado, ésta no logrará su objetivo sin emitir una ley general que establezca las bases en la materia del dictamen de la corrupción, teniendo claro el marco jurídico necesario para su adecuado funcionamiento, así como la alta jerarquía de aplicar el castigo a quien incurra en actos de corrupción sean parte de la función pública o privada.

La responsabilidad del combate a la corrupción no sólo corresponde a la autoridad o al gobierno, en todos los casos recae también en el mismo ciudadano quien no brinda relevancia a los actos consumados por este delito, por ello no adopta medidas para robustecer la iniciativa o la reforma constitucional. Aunque hay que reconocer todos y cada uno de los esfuerzos de los sectores privados y de la sociedad civil.

Lo visto es que el combate a la corrupción debe de ir mas allá de la propaganda política ya que su enfoque se desarrolla con bases o escenarios de intereses políticos, eso es lo que está pasando actualmente en Hidalgo, aunque se reconoce el esfuerzo de la administración actual al descubrir y castigar a algunos de los delincuentes ex funcionarios públicos por los fraudes millonarios en los cuales han incurrido. La ciudadanía hoy exige que las investigaciones se lleven hasta el fondo y se aperturen nuevas tanto en CASSIM, en la Secretaría de Educación Pública como en otras dependencias de gobierno que han ejecutado el mismo delito.

Por último cabe precisar que la corrupción no se combate por medio de las leyes sino por la conciencia humana que es parte de la cultura que adquirimos durante años.

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