La inseguridad contribuye de manera directa con el nivel del decremento de la economía que permite proveer las bases de inestabilidad social y política; es por ello que el tema se ha convertido en una de las principales prioridades de todos los mexicanos. El fenómeno del crimen organizado se ha diversificado a tal grado, que hoy en día la delincuencia opera de manera coordinada, haciendo alianzas con todos los sectores sociales y públicos, desde el campesino hasta el empresario, desde el policía hasta los gobernadores, administrando mercados y controlando territorios que les permiten obtener negocios ilícitos en todas modalidades.
Dicho fenómeno no es ajeno para el estado de Hidalgo, donde en los últimos días se ha desatado una escalada delictiva que ha obligado a la autoridad del estado de Hidalgo a replantear negociaciones, tendiente a la disminución de la incidencia delictiva latente, tareas que no pueden resolverse fácilmente en un solo periodo e implican una necesaria visión estratégica con alcance federal, para atender de manera integral y transversal una de las mayores demandas sociales de la población hidalguense.
Por ello, haciendo un acercamiento referente a la declaración del Secretario de Seguridad Pública de Pachuca, José Manuel Mayorga quien sugirió la participación del sector empresarial, dando a conocer que sostendrá reuniones con empresarios de la capital hidalguense, a fin de establecer estrategias contra el crimen y evitar daños en este sector.
Ante este panorama, las autoridades tienen el reto de disminuir la incidencia general y ganar terreno en la prevención social del delito si quieren contar con la estabilidad socioeconómica en el estado, que le permita fomentar la inversión nacional y extranjera; la generación de empleos para incentivar el mercado, tarea que no es fácil, ya que es necesario un proyecto de seguridad integral que unifique los criterios de planeación, organización, operación y verificación de los programas sectoriales de seguridad.
Todo esto no ha sido aplicado en ningún programa de seguridad estatal o municipal; todavía existen policías en deplorables condiciones de trabajo, mal capacitados, con escaso control y verificación de sus competencias laborales, sin la comprobación de antecedentes no penales y con baja escolaridad, situación que no garantiza el deseo de cualquier Secretario de Seguridad Pública que vulnera la sana convivencia social, económica y política.
Algunos estudiosos del sistema de seguridad, consideran que la política de los gobernantes, no han aplicado una línea estratégica de estabilidad para buscar los sistemas de información delictiva, gestión policial, participación ciudadana, mucho menos la participación del sector empresarial, no han impulsado la presencia policial o reforzado el sistema de justicia carcelario, además, a la fecha, no se ha desarrollado programa alguno de tipo preventivo que ponga el énfasis en la participación de los sectores sociales, aunque a la fecha no se han especializado u operado en el tema, que conforme a un mapa delincuencial, donde se coleccionan zonas de gran riesgo de incidencia.
Para construir una alianza local, se deben crear consejos comunales de seguridad ciudadana, así se emprende una reforma del sistema jurídico, para considerar los derechos de las víctimas e impulsar iniciativas y reformas para endurecer los castigos a los infractores de la ley.
Los retos actuales que enfrenta la autoridad municipal, son: aumentar su eficiencia para combatir a la delincuencia organizada, manejar armamento de alto poder, equipo de punta en telecomunicaciones, alta capacidad de corromper a las corporaciones policiales; otro de sus retos es fomentar programas preventivos eficaces, de esta manera, la población coopera con la autoridad.
