Las violencias contra la mujer siguen imparables. De cara a las elecciones más grandes en la historia de México, asoma sin disimulo alguno un aumento en la violencia digital y mediática, en la política yuna que ni siquiera visibilizado -la de religión- en contra de las mujeres. A nadie en la sociedad parece sorprender la violencia contra nosotras porque lamentablemente se ha normalizado; y algunos otros, ocupados en combatirla, acaban sus fuerzas ante la característica más aterradora de nuestra moderna sociedad: el desinterés.
Las violencias son de varios tipos y, por lo tanto, los factores que permiten su proliferación son múltiples, pero quiero detenerme a pensar en esa que casi nunca se denuncia, la violencia política en razón de género a nivel municipal ¿En qué momento empieza la violencia política en contra de la mujer?, ¿a partir de qué instante el cargo público de una mujer y su derecho a ejercerlo comienza a ser vulnerado y qué formas objetivas -y no objetivas- se utilizan para violentar ese derecho? Estas inquietudes suelen presentarse una y otra vez en el ejercicio del cargo en miles de mujeres que trabajan a nivel municipal y que han sido violentadas de muchas maneras, pero estas inquietudes no son las únicas.
Los avances significativos y constantes en materia legislativa a nivel federal, no obstante, no han disminuido las violencias contra la mujer en todas sus manifestaciones y la violencia política contra nosotras permea de manera sutil en los municipios en donde es mucho más fácil violar el derecho a ejercer un cargo público. Pese a lo anterior, algo positivo se ha logrado: que hay un mayor conocimiento sobre la violencia porque ahora es más fácil visibilizarla. Al menos de momento, la sociedad mexicana en general y la que vive y se mueve en los márgenes geográficos de los municipios en México, está aprendiendo a detectar, a diagnosticar, a prevenir y, en su caso, a sancionar la violencia política.
Es en el nivel de lo local, en los municipios, en donde ese derecho se diluye entre los miedos constantes y permanentes de perder el empleo y el ejercer el derecho a una vida libre de violencia por parte de la mujer. Esta disyuntiva que enfrenta la mujer en los cargos públicos inhibe sistemática y constantemente las denuncias contra los agresores e impone una cultura política que tolera y permite a nivel municipal la violencia política.
Hacer visible la violencia política contra la mujer que ejerce un cargo público es mucho más difícil que hacerla visible en periodos electorales. El reto, entonces, es entender los factores estructurales que desde el gobierno municipal se han institucionalizado y que sirven de caldo de cultivo para ejercer impunemente este tipo de violencia.
