¿Puede mejorar México su lugar global en corrupción?
Con Enrique Peña Nieto, uno de los presidentes con mayor percepción de corrupción en la historia nacional, México tuvo en 2018 un registro de 28 puntos de un total de 100. Tenía el lugar 138 de las 180 comunidades nacionales medidas por Transparencia Internacional.
Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador la medición realizada por esa instancia mejoró siempre y de manera consecutiva, aunque solo ligeramente, durante el periodo 2019 y hasta el 2023. El ex presidente hizo del tema una banera central de su movimiento. No merece referencia alguna el asunto si no fuera porque con el concurso de Miss Universo y las implicaciones de la imagen global del país respecto del caso investigado por la Fiscalía General de la República, a causa de los eventos de los cuales se reconoce como copartícipe Raúl Rocha Cantú, no se agregara un elemento curiosamente paradójico.
Siendo el hecho aparentemente contrario a la lógica el que al saberse del escándalo la condición de México podría verse deteriorada. De facto se abre una oportunidad de mejora si se considera la decisión de instancias gubernamentales de procuración de justicia asociadas, como se evidencia, con la determinación propia y característica de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de estimular la depuración de prácticas convergentes delincuenciales.
El empresario dueño de la mitad del concurso Miss Universo, acusado de tráfico de armas, droga y combustible, exhibe al mismo tiempo entramados aún vigentes donde conviven ilegitimidad e ilegalidad, pero también, ante ello, la decisión y capacidad para indagar en zonas grises donde coinciden dinero opaco, favores silenciosos y expedientes mutilados, además de informantes pagados dentro de las propias instituciones independientes del Ejecutivo federal.
Es una nueva prueba decisiva para demostrar la orientación del ejercicio del poder y evidenciar hasta dónde se construirá el segundo piso de la 4T.
La apuesta por el criterio de oportunidad, permitiendo convertir a Rocha en testigo colaborador, aun en lo controversial y poco popular, forma parte de un paradigma utilizado cuando corrupción y crimen organizado penetran segmentos institucionales. La clave es la apropiada valoración del intercambio. Si el testigo no aporta datos útiles en la identificación de funcionarios involucrados o rutas internacionales del combustible robado, el acuerdo se anula.
Luigi Ferrajoli sostenía: “el combate contra estructuras criminales requiere premiar la ruptura de lealtades internas más que la imposición uniforme de castigos”. El eventual viraje en la FGR con la renuncia de Alejandro Gertz Manero definiría la arquitectura de la lucha anticorrupción.
En la misma línea que Sheinbaum, Clara Brugada, jefa de Gobierno de Ciudad de México, impulsa el nuevo diseño ético del obradorismo. Ambas han reivindicado el legado anticorrupción como un principio de organización del poder y el servicio público.
