Infrecuente en los sistemas de justicia latinoamericanos: la colaboración y la prospectiva dispuesta a promoverla de quienes antiguas polarizaciones parecían separar, ahora toman nuevo impulso en CdMx.
Voces como la del presidente de la Canaco, Vicente Gutiérrez Camposeco, quien ha denunciado la permanencia de la extorsión o la presencia de la variable china en el Centro Histórico con la ocupación ilegal de más de 650 predios con uso de suelo domiciliario, destacan encomiando, por ejemplo, ayer: “el avance que ha tenido la capital es el mayor de cualquier otra entidad y nadie puede negarlo”.
Logro en el cual ha sido fundamental la fiscal general de Justicia, Bertha Alcalde, reconocida en la sesión mensual del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CdMx como “una bocanada de aire joven, técnicamente capaz y dispuesta al servicio” a favor de un más eficiente despliegue del sistema de procuración de justicia.
En una apertura característica de inteligencias y trayectorias construidas alrededor de la idea de servicio a la comunidad, Alcalde coincide con muchas voces de empresarios y organismos de la sociedad civil, así como activistas, reencontrando caminos en la estela donde ya participan la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el C5 dentro del gabinete de seguridad encabezado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada. La titular de la FGJ reconoció ventanas de oportunidad “desde la prioridad número uno: la de atender bien a las personas” sin ignorar los pendientes en reorganización, la habilidad de prevenir y sancionar la corrupción, y fortalecer la promoción social de la denuncia.
Los resultados son visibles, como en el rescate de 80 niñas y adolescentes del albergue Casa de las Mercedes luego de una denuncia por abuso sexual.
A diferencia de los enfoques de derecha —privilegiadores de represión y control militarizado— la izquierda en CdMx busca reconstruir la confianza social como base del orden. En la capital del país no es el Leviatán quien pacifica, sino la comunidad reforzando acción con el gobierno.
Río de Janeiro ofrece el espejo color debatible y oscuro de la justicia. La Operación Contención, ordenada por el gobernador ultraderechista Claudio Castro y desplegada en las favelas de Penha y Alemão, dejó más de 120 muertos —entre ellos cuatro policías— en lo que ya se considera el operativo más mortífero de la historia reciente de Brasil. La intervención, impulsada bajo el argumento de “debilitar al principal grupo criminal”, ha sido denunciada por la ONU y Human Rights Watch como una masacre.
La imagen recuerda a la película Ciudad de Dios, de Fernando Meirelles, donde la violencia se convierte en lenguaje y la justicia en una ficción cinematográfica. El barrio retratado —una favela atrapada entre desigualdad y crimen— parece no haber cambiado.
El contraste con CdMx no se lee en clave triunfalista, sino como evidencia de caminos alternativos. La ultraderecha brasileña ha insistido en políticas de “mano dura”, la izquierda obradorista construye la convergencia de la justicia.
