Tanto en la Comisión Nacional de Derechos Humanos como en la Suprema Corte, desde 2019 se ha registrado la preeminencia del argumento “defender los derechos del menor” para impedir la participación directa de la autoridad escolar en la revisión de las mochilas de estudiantes de primaria y secundaria.
El programa Mochila Segura está muerto como operación, pero no como idea de supervisión, seguridad y compromiso colaborativo con madres y padres de familia y, por supuesto, de las autoridades educativas y administrativas locales y federales.
Después del incidente de esta semana en una escuela de Iztapalapa, en el cual resultaron heridos dos menores a causa del accionar accidental de un arma de fuego, presuntamente adquirida por el papá del estudiante para defenderse de algún incidente delictivo, el tema readquirió vigencia y reavivó la preocupada expectativa respecto de la seguridad de las y los menores en los espacios públicos y privados.
¿Debe la autoridad retomar su intervención directa? ¿Los derechos de qué menor son protegidos y de cuál no cuando se anula la revisión? Un padre de familia, de la escuela donde se registraron los incidentes afirmó: “yo estoy a favor de que revisen las mochilas, porque de muchos niños no sabemos ni lo que hacen en casa, sería más seguro”. Detona varias implicaciones su afirmación.
En primer lugar, la naturalización del hecho de que los padres tienden a omitir su propia responsabilidad en saber e intervenir respecto del rumbo tempranamente adquirido en las vidas de sus descendientes. En segundo, la evidencia de la aparente carencia de capacidad o voluntad de verificación en algunas familias, con dispares responsabilidades laborales y profesionales en un cambiante mundo material y digital. En tercero, se deposita, en última instancia, en la decisión de la autoridad la probabilidad de que desaparezcan estos incidentes.
La seguridad de todos es un bien común. Como comunidad de la capital nacional podemos establecer un protocolo que respete derechos humanos y también garantice el bienestar de menores dentro de las escuelas.
A convocatoria de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, con la participación de Luis Humberto Fernández y, deseablemente, de organizaciones representativas de padres de familia, así como de Save The Children, organismo integrante del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México, y de otras asociaciones, estamos en condiciones de respaldar un esfuerzo equilibrado y eficaz que transite entre los derechos y deberes de familias, autoridades y administradores educativos para beneficio de la seguridad colectiva.
El programa Sí al desarme, Sí a la paz, coordinado por el secretario de Gobierno, Martí Batres, así como el protocolo en gestación, pueden converger: la medida de la proscripción de las armas es la medida de su ausencia en las escuelas. Un porcentaje minúsculo de ese ya marginal número podría ser responsabilidad “de la calle”, alguien que provee armas en el camino de la casa a la escuela.
Salvador Guerrero Chiprés
@guerrerochipres
