Nada ofende más a una población que un gobierno insensible a sus necesidades y no hay algo más doloroso para los ciudadanos que la indiferencia y arrogancia de sus gobernantes.
Lastimosamente, en los acontecimientos de la semana pasada que giraron en torno a una manifestación de familiares de personas desaparecidas, una vez más el Gobierno de Jalisco exhibió desdén por aquellos que justamente exigen volver a ver a sus seres queridos.
Quienes al borde de la desesperación llegaron el viernes 17 de mayo hasta Casa Jalisco para reclamar respuestas, encontraron indiferencia, silencio y una absurda amenaza de persecución penal por daños a una puerta y pintar reclamos en las paredes del inmueble. No les abrieron y de tanto tocar la puerta terminaron por romperla.
Por enésima ocasión el gobernador Enrique Alfaro Ramírez escondió la cabeza evitando el diálogo, limitándose a enviar un artero comunicado culpando a los manifestantes de no ofrecer condiciones para ello, aunque la realidad es que las autoridades estatales y especialmente el Gabinete de Seguridad están rebasados por la delincuencia; imperando corrupción e ineficacia, propalándose asaltos, extorsiones y lo más grave: desaparición de personas y ejecuciones, siendo ya demasiados los hallazgos de restos humanos, tanto en fosas de sepultura clandestina o empaquetados y abandonados en todo territorio jalisciense, ante la penosa falta de reacción de la autoridad que solo esboza su retórica afirmación; “son ajustes de cuentas entre grupos delincuenciales y se están matando entre ellos”.
El saldo aquel día fue una puerta rota y paredes pintadas en Casa Jalisco, esa misma casa que semanas atrás vio morir en su banqueta a Vanessa, una joven que llegó indefensa en busca de protección y tampoco encontró ayuda en la casa del gobernador.
Nadie que haya visto el video de una niña que llora desolada y gritando exige conocer el paradero de su ser más querido, podrá reprochar que se haya roto una puerta cuando miles de hijos, hijas, hermanos, hermanas y madres y padres reclaman lo mismo.
Nadie, excepto el jefe de Gabinete del Gobierno de Jalisco, Hugo Luna Vázquez, quien calificó de “barbarie” los actos de protesta, llamó “porros” a los manifestantes y amagó con criminalizar a los dolientes usando caprichosamente a la Fiscalía “para investigar los hechos y sancionar con severidad a los culpables”, mostrándose como el más claro ejemplo de la insensibilidad y desprecio de las autoridades, reflejando este empoderado personaje su autoritarismo, prepotencia y el descomunal ego que ya está marcando al sexenio.
Han transcurrido cinco meses del nuevo gobierno y todavía no conjuntan esfuerzos el Coordinador general estratégico de seguridad, el Fiscal Estatal y el Secretario de Seguridad, no quedando claro a quién le corresponde la atención ciudadana en relación a la intranquilidad y violencia que afectan a la comunidad jalisciense.
Al no estar rindiendo buenas cuentas, no es descabellado exigir empiecen a rodar cabezas ya que simplemente por congruencia deberían renunciar al cargo aquellos a quienes por incapacidad o negligencia les ha quedado grande; como lo muestra el hecho de que en este mes se han detectado cuatro casas de seguridad con fosas clandestinas, osamentas y secuestrados sin que ello sea producto de labores de investigación ministerial o tareas de inteligencia a cargo cuerpos policiacos, sino simplemente casos fortuitos.
Solo quienes viven la tragedia de tener a un familiar desaparecido saben de ese dolor, de esa impotencia de no saber ni siquiera por dónde empezar a buscar, mientras las autoridades no mueven un ápice para su localización porque les resulta más fácil apilar cadáveres o incinerarlos que seguir protocolos para su identificación. Son más de 7 mil desaparecidos en Jalisco, más de 7 mil familias rotas y una puerta.
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@salvadorcosio1
