Quien haya seguido, incluso admirado, los procesos de vida y libertad en Nicaragua en los años 70 y 80, con la ruta del actual régimen y lo que en años recientes ha hecho, montaría más que en decepción; la indignación estaría flor de piel. La saña en que han convertido la revolución al apropiársela y corromperla ha superado lo que combatieron. Anastasio Somoza Debayle bien podría ser ahora un aprendiz frente a los actuales.
A partir de abril de 2018 el régimen de Nicaragua llevó a su pueblo a una ruta límite, crítica, luego de emprender una brutal represión contra jóvenes que tomaron las calles como respuesta a medidas económicas para rescatar el corrompido sistema de seguridad social incrementando las aportaciones de los trabajadores y pensionados, siguiendo directrices de instituciones internacionales para rescatar la economía en picada.
Entre abril y junio de 2018 los jóvenes, incluso sus madres apoyándolos, tomaron las calles. El resultado: 325 personas asesinadas por cuerpos de seguridad y esquiroles operados desde el régimen gubernamental, de acuerdo con recuentos de observadores internacionales, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA).
México, en ese entonces, apoyó las acciones de la OEA sobre el gobierno de Nicaragua; sin embargo, a partir de diciembre de ese año, con el cambio de Administración federal, México, acogiéndose al principio de “no intervención” se alejó de la posición previa y su “no intervención” se convirtió en los hechos en un apoyo tácito al régimen. Una política exterior de “no intervención” selectiva, pues frente a hechos en Brasil, Colombia y Perú, sí que ha intervenido opinando y emitiendo juicios sobre situaciones internas.
Luego de los hechos de 2018, el miedo invadió al pueblo de Nicaragua. Cuando los y las nicaragüenses exigían elecciones adelantadas en condiciones de libertad e igualdad, el régimen optó por tácticas selectivas, “operaciones quirúrgicas” contra líderes sociales: jóvenes universitarios, artistas, cantantes y compositores, periodistas, defensores y promotores de derechos humanos, jerarcas de la Iglesia católica.
Persecuciones, intimidaciones, fabricación de delitos, golpes, allanamientos, destrucción de propiedades, denostaciones públicas desde los espacios y con recursos públicos. Más de 350 personas encarceladas, incomunicadas, torturadas, con delitos fabricados exprofeso y con una constante: conspiración en contra del Estado y el pueblo nicaragüense. A la par, otros, cantidad mayor no cuantificada, comenzaron el auto exilio a Costa Rica o Estados Unidos, allá donde tuvieran algún amigo o familiar que los apoyara. En su salida, para la mayoría de los casos, implicó la retención de su pasaporte nicaragüense al momento de abordar el avión.
La semana pasada, en un afán de despresurizar la presión internacional, negoció con el Gobierno de Estados Unidos la expatriación de los “presos políticos”. Eran 223 en la lista. A excepción de uno, Rolando José Álvarez Lagos (55 años de edad), obispo de Matagalpa y Administrador Apostólico de Estelí, al norte de Managua, fueron llevados a un avión con destino a la Unión Americana. Antes de abordarlo les hicieron firmar la aceptación de la sentencia: pérdida de su nacionalidad y derechos como nicaragüenses.
Ese día, la Asamblea Nacional de Nicaragua reformó la Constitución. Incorporó al artículo 21 de su norma fundamental que “los traidores a la patria pierden su calidad de nacionalidad nicaragüense”, con la cual “fundamentaba” la calidad de deportación de 222 connacionales y la sanción al obispo Álvarez Lagos convirtiéndolos en “apátridas”.
Los “deportados” a Estados Unidos podrán permanecer y trabajar en ese país dos años mientras definen su situación jurídica. España, por su parte, les ha ofrecido la nacionalidad española.
El obispo Álvarez Lagos, entre tanto, al día siguiente, el pasado 10 de febrero fue enjuiciado y sentenciado, además, a 26 años y cuatro meses continuos de prisión.
Este domingo, el Papa Francisco se refirió a lo que sucede en Nicaragua: “Me ha entristecido mucho la noticia que llega de Nicaragua y no puedo dejar de recordar aquí con preocupación al obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, a quien tanto quiero, condenado a 26 años de prisión, y también a las personas que fueron deportadas a Estados Unidos. Rezo por ellos y por todos los que sufren en esa querida nación, y pido vuestras oraciones. Pidamos también al Señor, por intercesión de la Inmaculada Virgen María, que abra el corazón de los líderes políticos y de todos los ciudadanos a la búsqueda sincera de la paz, que nace de la verdad, la justicia, la libertad y el amor y se logra mediante el ejercicio paciente de diálogo”, dijo al terminar el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro del Vaticano.
El Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), los Episcopados de Europa, obispos han condenado los recientes hechos de Nicaragua. La Conferencia del Episcopado de Nicaragua, así como el arzobispado de Managua, donde gobierna el cardenal Leopoldo Brenes, sólo se han limitado a reproducir el mensaje del Ángelus del Papa retomando lo que la agencia de noticias Vatican News ha difundido. Un silencio decepcionante, si no fuera porque se saben y sienten perseguidos.
Twitter: @jrubenalonsog
