Como si golpearan una piñata con los ojos vendados, en el Congreso del Estado de Jalisco dan tumbos para garantizar el acceso a la información y protección de datos personales, indispensables para la transparencia.
El jueves 4 pasado, el Poder Legislativo inició el reajuste y corrección de la reforma constitucional que hicieron el 10 de junio de 2025 (¡hace un año!), y que, tras el voto de ayuntamientos, se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el 16 de octubre siguiente.
Desde que aprobaron en junio de 2025 la reforma constitucional que modificó el modelo de transparencia, alineándose con el modelo impuesto federal, vigente desde diciembre de 2024, el Congreso tuvo más que tiempo y elementos suficientes para constituir un modelo de Jalisco. ¿Indolencia?, ¿ignorancia?, ¿o una ruta deliberadamente emprendida para vaciar lo avanzado en cuatro lustros y que hizo de Jalisco un referente nacional?
Incluso, teniendo un marco constitucional base vigente desde octubre de 2025, incumplieron su obligación legal y ética. Debían construir a más tardar a mediados de febrero el marco jurídico e institucional (leyes secundarias) para garantizar con certeza los derechos de acceso a la información y protección de datos personales.
Por cierto, pendiente está la resolución del amparo interpuesto por el colectivo “Compromiso Jalisco” por “omisión legislativa” del Congreso del Estado.
Ahora, la reforma sobre la reforma de transparencia, sin duda que será su pretexto para “justificar” por qué no legislan a tiempo. El chiste se cuenta solo.
¿Qué corrigió el Congreso ahora? Que el Instituto Electoral de Jalisco no es autoridad garante sobre los partidos políticos, sino el INAI; y para los sindicatos serán entidades federales: el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
Además, aprovecharon para constituir a la Universidad de Guadalajara, organismo público descentralizado, no órgano constitucional autónomo, como autoridad garante de manera indirecta, y facultarse el propio Congreso para determinar quiénes, no quién, integrarán la prevista Agencia de Transparencia (organismo desconcentrado de la Contraloría del Estado) a propuesta del Ejecutivo. De acuerdo con la Constitución federal y local, la Contraloría del Estado es la autoridad garante para el Poder Ejecutivo y sus dependencias, así como de los 125 gobiernos y ayuntamientos de Jalisco. O sea, en el Congreso aprovecharon el viaje de la corrección para meter su cuchara.
Mientras tanto, seguimos en la oscuridad y sin luces que encender. El Congreso apagó la luz de la transparencia y no se ve para cuándo la encenderá, pues con el Mundial de Futbol y sus vacaciones inminentes, tendrán otro pretexto para su “omisión legislativa”. Y vaya que no es el único asunto de omisión.
