Miles de ciudadanos han salido a las calles a manifestar su descontento con la arremetida del régimen de la 4T en contra del Instituto Nacional Electoral. Los ha movido la inquietud de que las elecciones no sean ya confiables y transparentes si es que llega a desmantelarse la estructura que garantiza, justamente, que se lleven a cabo de manera ejemplar, como ha sucedido en más de 300 procesos electorales.
Y sí, cuesta mucho dinero la organización de las votaciones en este país pero parte de ese encarecimiento se debe a las medidas —de una fastidiosa complejidad— que se han debido implementar para mitigar las perennes inconformidades de la izquierda levantisca. Y, desde luego, los antecedentes de fraudes y abusos ocurridos en los tiempos del priismo más rupestre (en toda justicia, hay que reconocer que el antiguo partido oficial emprendió un proceso de transformación —es decir, se fue democratizando y modernizando progresivamente— y que su papel en la consolidación institucional de México es decisivo), prácticas que otras agrupaciones políticas se apresuraron a imitar al comenzar a ocupar mayores espacios en la vida pública, esos antecedentes —repetimos— llevaron también a la instauración de un sistema electoral plagado de candados y absurdas prohibiciones cuya referida complejidad se refleja en el costo que tiene para el erario.
Pero, es lo que tenemos y no es poca cosa, en lo absoluto, que un procedimiento republicano plagado anteriormente de problemas y cuestionamientos se haya vuelto, ahora, un tranquilo ejercicio democrático perfectamente organizado.
En lo que toca al dinero, Pemex es un barril sin fondo en el que se dilapidan absurdamente los recursos de una nación que debería de atender cuestiones mucho más urgentes y perentorias. Y en muchos otros rubros el ejercicio del gasto público es tan descomunalmente irresponsable que la pacífica celebración de elecciones a cargo de un ente del Estado, prestigioso y reconocido internacionalmente, debería ser razón más que suficiente para no pensar siquiera que hay que destruirlo para ahorrar unos pesos.
El oficialismo, sin embargo, es absolutamente inmune a estos argumentos. ¿Qué dice? Pues, ofende, insulta, descalifica y desconoce de un plumazo a sectores enteros de la ciudadanía.
Tiempos difíciles, los que estamos viviendo en México...
