Lo judicial se volvió político en este país pero, en los hechos y para efectos prácticos, ése vendría siendo un problema menor. A primera vista parece escandaloso el sometimiento de la Suprema Corte a los designios del jefe del Poder Ejecutivo. Ocurre, sin embargo, que la respuesta del mentado tribunal constitucional ha desvirtuado el propósito original de la iniciativa presidencial para consultarle al pueblo soberano si en esta nación la justicia es un asunto de opiniones.
Acabamos de presenciar una triquiñuela indigna de los más altos magistrados de la nación —más allá de que haya sido avalada por seis ministros y de que los otros cinco hayan suscrito la postura expresada en el proyecto presentado por el ministro Luis María Aguilar de que “el objeto de la consulta popular que se solicita es inconstitucional”— en la que, debido a la inspirada y sagaz reformulación de la petición expuesta primeramente por el Presidente de la República, la respuesta a la solicitud de consulta ya no lleva nombres y apellidos (de ex presidentes) sino que termina siendo de una inocua vaguedad.
Autorizan la consulta, es cierto, pero el tema a consultar ya no es el mismo: ahora se trata, literalmente, de estar “¿de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
¿Dónde quedó el siniestro Salinas, oigan? ¿Qué pasó con Calderón y “sus muertos”? ¿Fox es un “actor político”, merecedor de un “proceso de esclarecimiento”, pero sus achichincles son meros figurantes en la trama y no deberían de ser sometidos a las “acciones pertinentes”? O, por el contrario, ¿todos son “actores políticos” y entonces a los afanosos empleados de los de arriba les van a caer sobre el lomo los “procesos de esclarecimiento” derivados de esas mentadas acciones “pertinentes” (las hay que no pudieren serlo, amables lectores, aunque no necesariamente llevarían la categoría de “impertinentes”) encaminadas a “garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”? ¿Las “decisiones políticas” son delitos? ¿Los “actores políticos” son delincuentes sujetos a la acción de la justicia independientemente de que el pueblo bueno, oportunamente consultado, determine su culpabilidad?
Nuestros insignes magistrados han exhibido una suprema habilidad, oigan. Tejieron muy fino y, aunque no parezca, se salieron con la suya en el tema estrictamente jurídico aunque den la impresión de haberse sometido a los designios del Ejecutivo: enterados de que vivimos tiempos difíciles, se adaptaron a la realidad y, a su manera, diluyeron totalmente el espíritu de la embestida presidencial. ¡Bravo!
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