El gasto gubernamental, cuando se ejerce con eficiencia, sirve para crear bienes públicos que terminan por beneficiar permanentemente a la población. Es una forma de inversión a largo plazo, por así decirlo, gracias a la cual una nación se va proveyendo de infraestructuras, instalaciones sanitarias, escuelas y todo lo demás. No es tan evidente, sin embargo, que los encargados de la Administración tengan la mirada puesta en un horizonte lejano porque su interés primero es la entrega de resultados inmediatos —así se trate de obras meramente cosméticas y acciones de puro relumbrón— para complacer a los votantes y seguir aferrados a sus cargos. Eso, el cortoplacismo, será precisamente el elemento más pernicioso si instauramos en este país la mentada revocación del mandato presidencial: nuestros gobernantes estarán pendientes nada más de su momentánea popularidad y no tomarán entonces ninguna medida que pueda disgustar a las masas, aunque se necesite forzosamente para transformar de fondo las cosas.
Hay otro asunto, además: la cultura política mexicana está impregnada de adanismo, es decir, del impulso personal de cada funcionario de comenzar todo de nuevo para que cada proyecto, cada acción y cada obra emprendida lleve su sello particular. Nada de lo que hicieron sus antecesores debe ser reconocido y ningún programa debe ser continuado porque los de turno no perciben la función pública como un servicio temporal —algo con lo que deben de cumplir y sanseacabó— sino que la consideran una suerte de patrimonio particular, algo que les pertenece a ellos en exclusividad y que, llegado el caso, distribuyen como una dádiva a los demás. De tal manera, le restriegan en las narices al ciudadano de a pie que los servicios y los bienes que le proporcionan son favores. Caridades, encima, que hay que agradecer luego en las urnas, por no hablar de las ceremonias y pomposidades que organizan a cada rato los de arriba para ser glorificados, alabados y ensalzados por sus súbditos.
Y sí, en efecto, a una casta de mandamases protagónicos correspondería una sociedad de vasallos engatusados a punta de demagogias y elocuentes retóricas que, en espera del otorgamiento de las prometidas gratificaciones, renunciarían al beneficio concreto de derechos reales y se desistirían de exigir que les sean rendidas cuentas puntuales de los manejos consumados en la Administración siendo, paradójicamente, que son ya los primerísimos afectados por las malas prácticas gubernamentales. Estamos hablando de un esquema muy extraño, si lo piensas, porque el mexicano promedio sobrelleva unos descomunales niveles de maltrato. Miren ustedes, para mayores señas, lo que ocurre en estos momentos con los trabajadores del sector sanitario, esas enfermeras y esos médicos (o pongámoslo así, para no parecer demasiado sesgados: esas doctoras y esos enfermeros) que laboran en los hospitales públicos afrontando riesgos de contagio por carecer de equipos de protección y que operan además sin los materiales que requieren. Constaten las durezas de utilizar simplemente el transporte en nuestras ciudades o de requerir justicia en una agencia del Ministerio Público o de necesitar seguridad en las calles: ninguna demagogia ni ningún discurso debiere encubrir tan dura realidad, así sea que celebremos el “día de la enfermera” y que a los empleados gubernamentales se les otorgue la correspondiente “canasta navideña” a fin de año.
Al mismo tiempo, observamos una crónica protesta social en este país, por lo menos en la capital de la República, pero, las más de las veces, las multitudes que participan en las manifestaciones —salvo cuando la llamada “sociedad civil” logra organizarse espontáneamente— son llevadas por unos “líderes” que procuran la satisfacción de sus propios intereses bajo el patrocinio de oscuros designios partidistas. Los participantes reclaman prebendas dentro de una lógica corporativista (y sometidos a la manipulación de terceros) pero, de nuevo, no demandan que les sea reconocida una condición cívica de ciudadanos modernos merecedores de garantías forzosas en un sistema verdaderamente democrático.
El tema, en estos momentos, es que la exigencia social de los mexicanos no puede siquiera expresarse, ni manifestarse, a través de los conductos tradicionales del sistema político que tenemos. Y esto, a pesar de lo urgentísimas que son las acciones que se deberían de emprender para reducir el brutal impacto económico que está teniendo la pandemia del nuevo coronavirus. Luego de la gran movilización que tuvo lugar en las ultimas elecciones generales para articular colectivamente el repudio al régimen de Enrique Peña, la nación parece seguir en la misma tónica y no ha reaccionado todavía ante un Gobierno que se niega declaradamente a tomar las medidas de ayuda que se han dispuestos en todos los demás países del mundo: prórrogas para pagar impuestos (no condonaciones, nadie está pidiendo eso), apoyos a las empresas para preservar los empleos (lo que tenemos aquí son advertencias y amenazas), subsidios temporales, préstamos y demás.
Será muy duro el despertar.
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