Si miras por la ventanilla del avión, cuando despega del aeropuerto de Ciudad de México hacia el oeste, verás un grisáceo e interminable paisaje de casas en el que no se advierten parques ni jardines. Los cientos de miles de habitantes de esos barrios no cuentan ni lejanamente con los mínimos espacios verdes que recomienda la ONU para las zonas urbanas. ¿Qué ha ocurrido ahí? Pues, lo de siempre: un puñado de constructores voraces e inescrupulosos edificaron montones de hogares tratando de obtener las máximas ganancias o, como en tantas otras ocasiones, gente sin vivienda, llevada por “líderes” apadrinados por las agrupaciones políticas, se estableció irregularmente en esas tierras, sin beneficiarse de planeación alguna y sin siquiera contar con los más esenciales servicios.
Y, ¿por qué puede tener lugar algo así? Muy simple: en nuestro país se menosprecian crónicamente las leyes y las regulaciones. Y así, lo que es público –el espacio de todos los ciudadanos— se puede confiscar a la torera por grupos de alborotadores, o lo que debiera estar convenientemente reglamentado –el trazado de las calles y las zonas de reserva para plantar árboles—, se desdeña olímpicamente, sin mayores problemas de conciencia, porque los mexicanos, en nuestra condición de individuos con muy poca representación en los altos círculos del poder, no tenemos la capacidad de poner límites a los abusadores. Luego entonces, el promotor inmobiliario o el lidercillo con aspiraciones políticas pueden moverse a su aire e ignorar los imperativos del bien común. El resultado salta a la vista: habitamos un país expoliado, de aceras angostas, ciudades disfuncionales, ríos repletos de inmundicias, parques nacionales invadidos y lagos que se desecan, por no hablar de los perniciosos efectos de la inseguridad jurídica en la economía y la justicia social. Y es que han prevalecido, en todos los renglones, los intereses de unos pocos por encima del entramado de las instituciones. La misma pregunta de ayer: ¿hasta cuándo?
