La justicia puede parecer un tema lejano hasta el día en que la necesitamos. Cuando una familia debe defender su patrimonio, un ciudadano enfrenta un abuso o una empresa necesita hacer valer un contrato, hay algo esencial detrás: la confianza en que habrá un juez preparado e independiente para resolver.
Por eso, la reforma al Poder Judicial es una de las transformaciones institucionales más importantes que enfrentamos. El modelo federal ya cambió y ahora corresponde a Nuevo León construir su implementación local. La discusión debe concentrarse en cómo lograr que el nuevo sistema preserve la independencia judicial y garantice que quienes impartan justicia tengan la preparación, experiencia e integridad necesarias.
Y esto también tiene consecuencias económicas. El más reciente Monitor Judicial de Data Coparmex muestra que 67.8% de las empresas encuestadas reporta afectaciones en sus decisiones de inversión o expansión derivadas de la reforma judicial, mientras que 28.8% señala haber reducido o pospuesto proyectos. Sin certeza jurídica, invertir también se vuelve más difícil.
Nuevo León tiene la oportunidad de construir un mejor modelo. En marzo, organismos empresariales, organizaciones de la sociedad civil, universidades y especialistas presentaron ante el Congreso del Estado una iniciativa ciudadana de reforma judicial.
La propuesta parte de una premisa sencilla: la elección no debe sustituir a la preparación. Quien aspire a impartir justicia debe demostrar que cuenta con los conocimientos, la experiencia y la integridad para hacerlo. Por ello se proponen requisitos sólidos y mecanismos objetivos de evaluación y certificación previa para quienes aspiren a llegar a la boleta.
La iniciativa también busca fortalecer el Tribunal de Disciplina Judicial para que actúe con objetividad e independencia. Esto implica separar claramente quién investiga, quién resuelve y quién revisa una decisión, siempre con respeto al debido proceso. Necesitamos mecanismos para exigir cuentas a los juzgadores, pero también contrapesos que protejan la independencia de sus decisiones.
Ahora la responsabilidad está en el Congreso del Estado. Corresponde a las y los diputados construir una reforma que aproveche las mejores propuestas presentadas, escuche a especialistas y sociedad civil, y coloque por encima de cualquier interés un objetivo fundamental: tener una mejor justicia para Nuevo León.
Nuevo León se ha distinguido por construir instituciones con participación ciudadana y capacidad técnica. La reforma judicial representa una oportunidad para mantener esa buena práctica.
No se trata solamente de cumplir con una obligación constitucional ni de cambiar la forma de elegir juzgadores. Se trata de algo mucho más importante: qué clase de justicia queremos tener en Nuevo León durante las próximas décadas.
La respuesta debe traducirse en instituciones que generen confianza, protejan derechos y den certeza a ciudadanos y empresas. Porque, al final, la verdadera medida de cualquier reforma será sencilla: que la justicia funcione mejor.
