La semana pasada hablé de la denominada “laicidad de fe cívica” (según catálogo hecho por mis colegas y amigos Milot y Baubérot) y de cómo ésta, muy fácilmente puede derivar en intolerancia y discriminación hacia todos aquellos que no profesan la religión de la mayoría, naturalizada como “lo normal”. En ese caso, las minorías religiosas, sin que sea explícito, suelen tener que demostrar su apego a una cultura e identidad establecidas y a un orden laico en realidad permeado por la religión predominante. Por eso y otras razones, si uno tuviera que escoger un ideal-tipo de laicidad, yo lo haría más bien por la denominada “laicidad de reconocimiento”. Se le llama así por el énfasis en el “reconocimiento de la autonomía moral del individuo”, misma que debe ser protegida en las sociedades pluralistas. Según mis colegas, este tipo de laicidad tiene por objeto reconocer la dignidad de la persona y el concepto de neutralidad “se inscribe entonces éticamente en filiación directa con los derechos del hombre”. Significa esto —y aquí me permito citarlos ampliamente— que “la laicidad de reconocimiento otorga la primacía a la justicia social y al respeto de las decisiones individuales: en efecto, la libertad de conciencia y de religión, así como la igualdad, son derechos inalienables. La laicidad de reconocimiento une en un grado elevado los dos principios fundamentales de la laicidad que son la libertad de conciencia y la igualdad. La expresión libre de las decisiones religiosas o morales de los ciudadanos en la vida pública se vuelve una preocupación esencial en ese tipo de acomodo laico de las instituciones y de las políticas públicas, porque descansa sobre un postulado de la autonomía moral de cada individuo en la conducta de su vida y la selección de sus concepciones del mundo —en la medida que no atenten contra los derechos de terceros o al orden público. Encontramos en John Rawls los principios que pueden fundar las características de ese tipo de laicidad. El principio de autonomía desempeña un papel central en su teoría de la justicia. Cada quien espera tener la garantía de beneficiarse de condiciones que le permitan vivir según su definición del ‘bien’. Eso implica que cada quien pueda gozar de un máximo de libertad en la medida en que ésta sea compatible con la de los otros… De allí se deprende que todas las concepciones de la vida (excepto aquellas que vejan los derechos de otros) merecen la misma protección por parte del Estado”.
Me parece que este tipo de laicidad es el que deberíamos estar empujando en nuestro país. Aunque lo cierto es que hay muchas concepciones y formas de laicidad que se entrelazan en la práctica. En ocasiones, en un mismo artículo constitucional, tenemos una laicidad de separación, acompañando a una autoritaria y a otras de fe cívica o de reconocimiento. Y no falta quien proponga fórmulas inéditas y completamente ajenas a nuestra tradición jurídica y política. Por ello es importante conocer tanto la lógica de nuestro entramado constitucional y legal, como nuestra cultura política. Sólo así sabremos fortalecer nuestras libertades, en el marco de nuestra diversidad social.
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