En el Diario Oficial de la Federación del 6 de marzo de 1980 fue publicado el Decreto por el que, por causa de utilidad pública, se establece zona de protección forestal y refugio de la fauna silvestre la región conocida como La Primavera que se localiza dentro de una superficie aproximada de 30 mil 500 hectáreas de propiedad particular en los municipios de Tala, Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga. El artículo segundo de dicho Decreto establece que la otrora Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos “promoverá la cooperación de los propietarios y poseedores, en la realización de los trabajos o en la ejecución de las obras encaminadas a lograr la reforestación, protección, fijación y restauración de los suelos, a la repoblación de incremento de masas arboladas, a la preservación y propagación de la fauna silvestre y a la preservación del régimen ambiental e hidrológico de las poblaciones antes citadas”.
A los recién cumplidos 41 años de aquel Decreto presidencial y casi 21 años del Decreto por el que se le otorgó el carácter de Área Natural de Protección de Flora y Fauna, la brecha entre los pretendidos fines de ambos instrumentos normativos y el auténtico viacrucis por el que ha debido transitar nuestro Bosque de La Primavera es enorme: el número aún por definir de hectáreas afectadas por el incendio que comenzó el jueves pasado, vendrán a sumarse a la totalidad de 29 mil 793 hectáreas que han sido afectadas, con acelerada regularidad, por lo menos desde 1998, año de la época más reciente en que se tiene registro.
Son insuficientes losinstrumentos de política pública
Por donde se le vea, resulta evidente la insuficiencia de los diversos instrumentos de política pública que han sido desplegados al amparo del marco de regulación territorial vigente en la mayor parte de la región de La Primavera.
Si tomamos en cuenta la estrecha interrelación sistémica que mantiene este hábitat natural con el ciclo del agua y la crisis por la que atraviesa el sistema de distribución del vital líquido en buena parte del Área Metropolitana de Guadalajara, debería ser suficiente para otorgarle un sentido de urgencia a la obligada revisión a fondo y de cara a la ciudadanía del gobierno de tan vital territorio.
Roberto Arias
roberto.arias@coljal.edu.mx
