El martes pasado vino y se fue y la fiscalía de Manhattan no le fincó cargos a Donald Trump, como él había asegurado. Es cierto que los tiempos de las cortes en los Estados Unidos son inescrutables, pero todo indica que sí, finalmente, el agua de la justicia está llegándole a los aparejos al chito enojado, y no sólo por el proceso en Nueva York; el ex presidente tiene cuatro flancos abiertos, en diferentes geografías legales, que vale la pena repasar.
El caso de Manhattan parece ser el puntero en las apuestas. A Trump se le acusa allí de ocultar 130 mil dólares que le dio a Stephanie Clifford, mejor conocida como Stormy Daniels, para acallar el arrimón que se dieron en un hotelito de Lake Tahoe justo cuando Melania acababa de dar a luz. El delito, por supuesto, no es el cochino adulterio, sino el posible ocultamiento de gastos de campaña y el fraude contable. Por ese mismo cargo, cometido en su nombre, su facilitador Michael Cohen fue sentenciado a tres años.
Otro juicio, que se espera comience en octubre, lo lleva el estado de Nueva York; a Trump se le acusa de engañar al fisco, a los bancos y a las aseguradoras sobre el valor de sus propiedades, para con esas valuaciones a modo obtener mejores créditos y pagar menos impuestos y seguros. El caso es civil, aunque las consecuencias de un veredicto culpable no son despreciables: está el veto a comprar o traficar con propiedades en NY por hasta cinco años, efectivamente desmantelándole el negocio, y el veto a comenzar, registrar o presidir cualquier empresa en la entidad, que puede abarcarlo sólo a él o a él y a sus hijos mayores.
En el estado de Georgia se le piden cuentas por tratar de subvertir las elecciones de 2020: recordemos que el ex presidente, en una llamada infamante, le pidió al secretario del gobernador que le encontrara “sólo 11 mil 780 votos”. Los cargos no están del todo claros pero podrían incluir fraude electoral, amenazar o intimidar a un funcionario público e interferencia electoral, que en Estados Unidos son acusaciones muy serias; recientemente la fiscal anunció que está pensando reclasificar el caso en el marco de una organización criminal, lo cual podría merecerle a los acusados una buena decena de años de cárcel.
El proceso federal, por sus implicaciones políticas, ha quedado al mando de Jack Smith, un fiscal especial conocido por sus investigaciones quirúrgicas en el tribunal de La Haya. Smith revisa no uno sino dos delitos: el robo y ocultamiento por parte de Trump de documentos clasificados, encontrados en una redada del FBI en su casa de Mar-a-Lago, e interferencia electoral centrada pero no limitada al ataque contra el Capitolio del 6 de enero de 2021. O al menos eso sabemos hasta ahora; las implicaciones de seguridad nacional son tan altas que el proceso se lleva en el más estricto hermetismo. Podrían girarse cargos adicionales desde lavado de dinero e intimidación de testigos hasta por insurrección y traición a la patria.
Esperemos que, como parece, los días cuando Trump se regodeaba de que podía dispararle a alguien en plena 5ta avenida y luego irse a cenar como si nada estén por terminar.
