No tardó la violencia simbólica en convertirse en violencia real. A principios de este mes Cuitláhuac García trajo desde Veracruz dos ataúdes para significar el deseo de muerte que le provoca Norma Piña, la cabeza del Poder Judicial federal.
Diez días después, la jueza Angélica Sánchez Hernández fue violentada por guardias nacionales justo cuando se preparaba para visitar a la ministra Piña en la sede de la Suprema Corte.
El video de su detención exhibe una actitud miserable de la autoridad. Las personas que la apresaron no mostraron la orden de aprehensión, ni explicaron los motivos de la diligencia. Actuaron como si se tratara de un delito que estaba ocurriendo en flagrancia.
Asustada, la jueza Sánchez intentó aferrarse a su hija, pero —con un dramatismo de película mala— la subieron a empellones a una camioneta limpia de insignias oficiales.
Por increíble que suene, un día antes esa misma jueza había merecido, en el Senado de la República, un discurso de homenaje a su tarea. El legislador Ricardo Monreal aprovechó su último día de labores para ofrecerle un reconocimiento por su ejercicio profesional frente a las presiones impuestas por el gobierno de Cuitláhuac García.
Entre las coacciones relatadas, la principal fue la fabricación de una serie de cargos contra la juzgadora que, a principio del mes de junio, justificaron un primer intento por detenerla arbitrariamente.
Entre otras cosas, esa vez fue acusada de haber atacado a la policía con arma de fuego. La maquinación fue tan ridícula que, para hacer que la jueza diera positivo en las pruebas de rodizonato de sodio, la obligaron a disparar una pistola.
Ante la barbaridad ni siquiera la Fiscalía de Justicia de Veracruz, subordinada al gobernador García, se atrevió en esta ocasión a proceder en su contra.
Sin embargo, trece días después fue inventada una nueva acusación contra la jueza Sánchez Hernández. Esta vez por supuesto tráfico de influencias y falsificación de documentos públicos. Ninguno de esos delitos ameritaba el empleo de la Guardia Nacional y mucho menos el desplante de violencia registrado por el video.
Zoom: al gobernador García se le metió en la cabeza que esta juzgadora se dejó corromper por un narcotraficante. Pero sobre todo que su caso podría servirle para continuar con la cruzada que, por encargo, ha emprendido contra el Poder Judicial federal.
