El doctor Arturo Conan Doyle hizo un gran daño a la investigación policiaca contemporánea. Como si fueran historias de amor que siempre terminan bien, su personaje legendario, Sherlock Holmes, hizo creer que la conclusión de una investigación criminal cualquiera conduce invariablemente a una verdad irrefutable y perfecta.
El efecto Holmes es perjudicial para la expectativa de toda pesquisa criminal. La única verdad comprobada es que la verdad es necia para mostrarse y, lamentablemente, que esa necedad muchas veces se sale con la suya.
El lunes de la semana pasada publiqué en estas páginas un texto (“La vileza es contagiosa”) dedicado a la trágica muerte del joven José Eduardo Ravelo Echavarría.
A partir de evidencia surgida con posterioridad debo advertir que ese artículo es impreciso ya que presume hechos que no ocurrieron.
Afirmé entonces que José Eduardo fue detenido sin causa razonable en el centro de la ciudad de Mérida por dos oficiales de la policía municipal de apellido Osorio y Méndez.
También dije que, según el testimonio de la víctima, dichos agentes lo subieron a una patrulla dentro de la cual le violaron para luego conducirlo a una instalación policial donde nuevamente habría sido golpeado, causándole lesiones que provocarían su muerte.
El presidente municipal de Mérida, Renán Alberto Barrera, compartió el día de ayer evidencia con este reportero que refuta varias de mis afirmaciones.
De acuerdo con imágenes captadas por las cámaras instaladas en el primer cuadro de la capital yucateca, José Eduardo fue detenido por la policía municipal luego de que, sin motivo aparente, arrojara una piedra contra una persona que se encontraba en un sitio de taxis cerca del parque San Juan.
Esta persona lo denunció ante la policía y tal falta cívica fue la causa que condujo a José Eduardo a las oficinas de la policía municipal.
De acuerdo con los videos proporcionados por el alcalde Barrera, no es probable que el detenido haya sido agredido por la policía dentro de la patrulla donde viajó, ni que, dentro de ese vehículo haya sufrido una violación.
Tampoco parece plausible que al interior de las instalaciones municipales haya experimentado una nueva agresión por parte de la autoridad.
Existen imágenes de video que verifican prácticamente todos los minutos que el muchacho transcurrió privado de su libertad. También hay evidencia de que, al día siguiente, José Eduardo salió libre y por su propio pie, sin exhibir ningún daño físico.
Como elemento de contexto cabe presumir que la actuación agresiva de este joven, la noche anterior, pudo estar relacionada con el estado sicológico en el que se encontraba, debido al consumo de sustancias tóxicas, hecho confirmado por el médico que lo atendió una vez que los agentes municipales lo pusieron a disposición del juez cívico.
Este conjunto de pruebas condujo, ayer viernes, a que el juez de la causa relacionada con la muerte de José Eduardo no vinculara a proceso judicial a los policías que detuvieron a la víctima el miércoles 21 de julio en el centro de Mérida.
Una vez esclarecido este punto urge entonces preguntarse quién atacó a José Eduardo Ravelo Echavarría, o más precisamente ¿quién lo agredió con tal saña que le destrozó los riñones, le dejó huellas de violencia en todo el cuerpo y lo agredió sexualmente?
Si bien hay constancia de que José Eduardo abandonó en perfecta salud las instalaciones municipales, no la hay sobre lo que pudo haber ocurrido en las horas posteriores.
Cuando presentó denuncia, 48 horas después, la víctima identificó a los agentes Osorio y Méndez como quienes lo agredieron. Sin embargo, en la corporación municipal no hay ningún funcionario que lleve alguno de estos dos apellidos.
No concuerda tampoco la descripción que hizo José Eduardo de la patrulla donde fue agredido con los modelos, emblemas o los colores que utiliza la fuerza pública municipal. Y tanto o más problemático es que la víctima haya afirmado haber sido conducida a una oficina de la Fiscalía del Estado y no a las instalaciones del municipio.
El sábado 24 de julio José Eduardo Ravelo Echavarría fue ingresado en el hospital O’Horán y los médicos consignaron su estado grave de salud, debido a las lesiones que presentaba.
Horas después, la víctima fue contagiada de SARS-Cov-2, dentro de ese mismo hospital, padecimiento que lo condujo a la muerte 10 días después.
A esta trágica historia le falta todavía un tramo por revelarse. Si no fueron los policías municipales quienes agredieron a José Eduardo, ¿quiénes son los verdaderos responsables de la violencia? ¿Pudo ser una autoridad perteneciente a otra corporación? ¿O bien policías locales que actuaron en contra suya después de que fue liberado?
Esta investigación está lejos de encontrar su punto conclusivo.
El siguiente tramo de esta historia se relaciona además con la inmoral negligencia del personal médico del hospital O’Horán, supuestamente el mejor de todo el sureste mexicano.
Sorprende que sus directivos no hayan reportado al ministerio público el estado de salud con el que ingresó el paciente y que tampoco lo hayan apartado de otros internos que padecían coronavirus.
El hecho de que no exista forma de corroborar la violencia de las autoridades municipales no implica que José Eduardo no haya sufrido vejación a manos de otros funcionarios.
La madre de la victima ha declarado que a ella no le importa si los atacantes de su hijo trabajaban para el municipio de Mérida, o si la patrulla donde lo agredieron era municipal. Ella solo clama justicia y esto significa llevar la investigación hasta sus últimas consecuencias, aunque esto termine implicando a las autoridades estatales o, quizá, a las federales.
Me equivoqué con mi nota del lunes cuando apresuré conclusiones para el caso. Fui victima del efecto Holmes. Para enmendar el error me obligo a continuar indagando con rigor. Algo similar sería recomendable para la fiscalía estatal, que es la responsable principal de encontrar la verdad detrás del caso de José Eduardo Ravelo Echavarría.
Ricardo Raphael
@ricardomraphael
