“Quiero irme ya, en paz y dejar de sufrir”. Estas fueron las últimas palabras públicas de Noelia Castillo Ramos, pronunciadas durante una entrevista emitida el día anterior a su muerte.
Esta semana, en España no se habló de otro tema. La decisión libre de esta joven mujer y la traba judicial impuesta por su padre subieron la temperatura de la conversación sostenida por una sociedad conmocionada por una historia que tocó varias fibras íntimas.
Sin restar un milímetro al protagonismo de Noelia, el proceso legal por el que transcurrió su decisión colocó también como personajes relevantes a quienes no quisieron (o no supieron) cómo respetar su voluntad y con ello se encargaron de prolongar los días de la tortura.
Noelia nació en Barcelona el martes 14 de noviembre del 2000 en el seno de una familia afectivamente frágil y económicamente vulnerable. A los trece años, el Estado español retiró la tutela a sus padres y, a partir de los quince, fue acogida por el sistema de protección de menores.
Fue también durante aquellos primeros años de adolescencia que los médicos la diagnosticaron como una persona emocionalmente inestable (borderline) que padecía trastorno obsesivo compulsivo. Coincide en el tiempo, según relató ella misma más tarde, un consumo adictivo a sustancias tóxicas.
Noelia contó haber sido tres veces agredida sexualmente, primero por un novio, luego por dos sujetos en un antro y, la última vez, por tres perpetradores. Ella declaró, en la misma entrevista antes citada, que ninguno de estos episodios fueron denunciados.
El martes 4 de octubre de 2022 –días después de haber sufrido la última agresión– Noelia intentó por primera vez quitarse la vida: saltó desde lo alto de una construcción de cinco pisos.
Despertó en un hospital para enterarse de que jamás volvería a caminar y de que un daño irreversible en la médula espinal le haría padecer, a partir de ese momento, dolores insoportables. A lo anterior se sumó una incontinencia urinaria también definitiva.
Dos años transcurrió sometida a esa realidad antes de solicitar, de acuerdo con la legislación española, el libre ejercicio de su derecho a la eutanasia.
Tras evaluar los trastornos psicológicos diagnosticados una década atrás y el limitado estado de salud física impuesto por la caída –destacadamente las dolorosas neuropatías– la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña respondió afirmativamente a la petición: Noelia sería asistida para morir el viernes 2 de agosto de 2024.
Sin embargo, antes de que llegara esa fecha, Gerónimo Castillo, padre de Noelia, se atravesó en su camino. A través de sus abogados argumentó que el estado de salud mental de la peticionaria la inhabilitaba para tomar una decisión tan trascendental.
A partir de entonces transcurrió un proceso judicial de más de seiscientos días que involucró inclusive a instancias europeas. De manera inevitable, este litigio arrojó luz pública sobre la complicada relación entre el padre, la hija y la sociedad a la que ambos pertenecían.
Gerónimo Castillo no actuó solo porque se convirtió en el vehículo de una facción conservadora que decidió igualmente inmiscuirse en las decisiones de la joven. Detrás de la actuación del padre de Noelia estuvo siempre la Asociación de Abogados Cristianos.
Hay que decir que Noelia no creyó nunca en la sinceridad de los propósitos del padre. Afirmó que, durante su pubertad, la única razón por la que el señor Castillo mantuvo una relación con ella fue para poder cobrar la pensión que el gobierno español proporciona a los responsables del sustento económico de sus hijos.
No fue hasta enero de este año que el litigio se resolvió a favor de Noelia. Entonces el máximo tribunal judicial avaló la petición de eutanasia y luego hicieron lo mismo el Tribunal Constitucional español y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Este caso siembra reflexiones a partir de las muchas aristas que le configuran. En España no solo abrió otra vez la discusión a propósito del derecho a decidir sobre la propia vida, también arrojó luz sobre los límites que el Estado y las leyes deben imponer para que terceros no interfieran con la libertad de la persona peticionaria.
A lo anterior se suma la reflexión a propósito del entorno social y familiar de Noelia y sobre la violencia que vivió la menor cuando estaba bajo la tutela de los servicios sociales del Estado.
Este relato suma también preocupación por el crecimiento, entre las personas más jóvenes, de las patologías relacionadas con la salud mental, y por la incapacidad de la sociedad para cuidar y acompañar a quienes padecen diversos trastornos.
Sin embargo, entre todos los temas hay una lección que Noelia dejó como testamento principal: cada persona tiene derecho a determinar el ritmo de su vida, mismo que debe ser respetado aún si con ello se lesionan las convicciones, los deseos o los afectos de otros individuos.
Aun suponiendo que el señor Gerónimo Castillo hubiese genuinamente querido salvar la vida de Noelia, cuando procedió legalmente contra las decisiones de su hija él ya no era su cuidador primario y por tanto el rol que le habría tocado jugar era el de acompañante del curso decidido por ella.
Destaca en contraste la actuación de la madre, Yolanda Ramos, quien en todo momento manifestó oposición a que Noelia se quitara la vida, pero jamás impuso su pensamiento por encima de la voluntad de ella.
En vez de sumarse a la campaña jurídica emprendida por su expareja, la señora Ramos acompañó con discreción los pasos que Noelia fue dando hacia su muerte. Confesó que hasta el último momento habría rezado para que cambiara de opinión, pero supo resignarse ante una elección que nunca fue suya.
Los medios españoles informaron que, durante sus últimas horas, Noelia pidió que ningún familiar estuviese presente.
Me quedo con una poderosa lección: no es lo mismo cuidar que acompañar. Para hacer lo segundo se necesita de una capacidad robusta en el ejercicio del respeto hacia el otro, incluso en contra de los deseos de uno mismo.
La historia de Noelia pone en perspectiva al personaje secundario de la muerte asistida: a quien acompaña mientras dura la despedida. También a la sociedad que debería hacer lo mismo: acompañar, en vez de tutelar o apropiarse de decisiones que no son del colectivo.
