¿Cómo regular algo que no estaba previsto cuando se aprobó la ley? Los más dogmáticos proponen aplicar la norma independientemente de cualquier otra consideración, a rajatabla, sin miramientos ni consideraciones sobre las consecuencias.
Tal cosa querría decir que las seis personas aspirantes a la Presidencia que portan la bandera del oficialismo y las 13 que lideran al bando opositor tendrían que ser sancionadas con el castigo máximo: retirarles el derecho a ser votadas.
La ley dice que esa será la sanción cuando una persona cometa actos anticipados de campaña.
Pienso en el escenario extremo y mis neuronas recuerdan aquel filme de Sergio Arau, Un día sin mexicanos. Solo que en este caso habría una elección sin candidatas ni candidatos. A menos que del pozo muy seco de los actuales partidos pudieran surgir otras opciones, retirarle el registro a las 19 personas que hoy aspiran a la candidatura presidencial implicaría un daño a la democracia mexicana que sería mayor al que se pretende resolver con la lectura minimalista de la ley.
Parece una broma, pero no lo es: en 2007 el Poder Legislativo reguló las campañas y las precampañas, pero no así las pre-precampañas. Es decir, que no contempló un fenómeno de competencia que no corresponde en estricto sentido al de la precampaña, sino al de un tramo anterior.
No hay ingenuidad que pueda ocultar el hecho de que tanto la persona que coordinará los comités de defensa de la Cuarta Transformación como quien lo hará a la cabeza del Frente Amplio opositor serán, a final de cuentas, candidatas o candidatos presidenciales.
Pero también es cierto que antes de que tal cosa ocurra, la fase actual pretende consolidar el liderazgo de dos movimientos políticos antagónicos, los cuales, solo después del proceso emplazado, mutarán hacia la movilización electoral.
¿Cómo puede la autoridad normar un proceso que primero dará origen a la cabeza de un movimiento y que más tarde se convertirá, por añadidura, en una opción presidencial?
Zoom: ayer el Tribunal Electoral ofreció una buena pista: independientemente del momento político que se esté evaluando, principios como los de equidad, transparencia, fiscalización, certidumbre, imparcialidad, objetividad y legalidad deben ser observados por todas las personas aspirantes. El de legalidad, en este caso, forzosamente con un ánimo más laxo.
