La campaña para desacreditar la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas se debe a que estamos cerca de dar con la verdad de lo que sucedió,” afirmó el subsecretario de gobernación Alejandro Encinas el jueves pasado, durante la presentación del cuarto informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) a propósito del caso Ayotzinapa.
Ese mismo día, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que tal campaña proviniera del Ejército. En la misma hebra añadió: “como en todo hay intereses, buscaron reventar la investigación hablando de más personas, en el caso por ejemplo de los militares responsabilizaron a 20, cuando en la investigación son cinco”.
La contradicción entre las declaraciones de López Obrador y Alejandro Encinas pide a gritos ser descifrada. ¿Hay campaña y presión? ¿Quiénes están presionando? ¿Quiénes no quieren que se llegue a la verdad? ¿Es el Ejército quien está detrás de esta embestida? ¿O es la Fiscalía General de la República? ¿Podrían ser ambos?
El cuarto informe presentado por el GIEI permite responder a estas interrogantes. Los argumentos ahí narrados permiten inferir como responsables de la presión a las fuerzas armadas y como instrumento para su eficacia al fiscal Alejandro Gertz Manero.
Basándose en evidencia aportada por la fiscalía de Estados Unidos —que en 2018 permitió conocer los mensajes compartidos por los integrantes de la banda criminal Guerreros Unidos durante la noche de la desaparición de los normalistas— es posible concluir que fueron varios los integrantes del Ejército participantes en aquellos hechos delictivos.
Entre los mandos involucrados sobresalen el capitán José Martínez Crespo, destacado entonces en el batallón 27 de infantería, y también al coronel Rafael Hernández Nieto, comandante del batallón 41. En esas comunicaciones igualmente se hace referencia a la colusión entre los Guerreros Unidos y personal de la Marina.
Una fuente distinta señala que hubo responsabilidad del Ejército en la custodia de los jóvenes secuestrados, quienes posteriormente habrían sido asesinados y sus restos esparcidos en diversos lugares, o bien disueltos en ácido.
El GIEI no considera todavía como auténticos “los pantallazos” recuperados de cinco dispositivos celulares relacionados con el caso. Suponiendo sin conceder que, después de un análisis forense riguroso se confirmara su veracidad, esa evidencia señala directamente como responsable del asesinato de seis de los normalistas al general brigadier José Rodríguez Pérez, quien comandaba en aquellas fechas el batallón 27.
Por otra parte, habría también datos de prueba sobre el involucramiento del general Alejandro Saavedra Hernández —comandante de la zona militar de Chilpancingo— con funcionarios corruptos que trabajaban para los Guerreros Unidos.
En resumen, la investigación realizada hasta ahora sobre el caso Ayotzinapa confirmaría que mandos militares relevantes en el estado de Guerrero durante 2014 tuvieron un papel clave en el operativo para secuestrar, asesinar y desaparecer a los normalistas.
El mismo informe del GIEI proporciona información sólida respecto a la manera como estos mandos utilizaron recursos asignados a las Fuerzas Armadas, primero para ocultar el paradero de los estudiantes y luego para obstruir las pesquisas del caso.
El GIEI acusa que el Ejército tenía información muy sensible que no proporcionó cuando se buscaba a los normalistas y tampoco compartió durante las distintas fases de la investigación.
Ahí textualmente dice “que el Ejército tenía intervenidas las comunicaciones de actores relevantes en los hechos, incluso cuando estaban ocurriendo, sin que consten autorizaciones judiciales para ello, ni se conozca el contenido completo de las mismas.”
Todavía más grave, “el Ejército contó con informaciones en tiempo real sobre los posibles destinos de los estudiantes desaparecidos, así como de las personas implicadas, su relación con las autoridades ministeriales y sus posibles escondites”, y sin embargo sus mandos se encargaron de ocultar esos datos durante más de cuatro años.
El informe del GIEI también acusa a la Marina por su actuación en el basurero de Cocula el día 26 de octubre de 2014, ya que existe evidencia de que ese día sus efectivos sembraron muestras óseas en el sitio, manipularon evidencia y también simularon fuego cuyos restos servirían después para distraer el foco de la investigación.
Es a partir de este cúmulo de información que el subsecretario Encinas asegura que se está cada vez más cerca de la verdad sobre lo ocurrido aquella madrugada del 26 al 27 de septiembre de 2014. Por lo explosivo de su contenido se entiende igualmente por qué existe una presión tan fuerte para descarrilar las investigaciones.
Por último, el GIEI denunció una auditoría encargada por Alejandro Gertz Manero contra la fiscalía especial del caso Ayotzinapa que, hasta esta semana, estuvo bajo la titularidad de Omar Gómez Trejo.
De acuerdo con la misma fuente, dicha auditoría se centró exclusivamente en la carpeta de investigación donde se tienen como imputados a los militares relacionados con el caso.
No es ninguna casualidad que haya sido justo esa parte del expediente la que el fiscal general ordenó auditar, ya que días después Gertz Manero ordenó que su dependencia se desistiera de perseguir a esas personas.
Entre esos 21 individuos absueltos por Gertz hay integrantes de las fuerzas armadas de distintos rangos: generales, coroneles, tenientes y hasta soldados. Varios estarían acusados por haber realizado tareas de inteligencia cuyo propósito no fue proteger a las víctimas de la masacre, sino ayudar a que les borraran de la faz de la tierra.
Está mal informado el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando afirma que no fueron 20, sino cinco los militares implicados en la operación de Estado que atentó contra la vida de los normalistas. Son muchos más y el Ejército sí está ejerciendo una presión de enormes proporciones para descarrilar la investigación con el propósito de enterrar de una vez por todas la verdad sobre aquellos hechos ocurridos hace ocho años.
Ricardo Raphael
@ricardomraphael
