¿Podrá haber otro terremoto? ¿Cuándo? ¿Sería igual o peor que el de aquel 19 de septiembre de 1985?
La posibilidad de otro evento telúrico en la Ciudad de México no solo es posible, sino altamente probable. La estadística lo dibuja: si bien nadie puede predecir lugar, hora y día del próximo evento, entre el día de hoy y los próximos 100 años habrá de ocurrir otro terremoto en el valle central de México. ¿Estamos preparados para afrontarlo?
Respecto a aquel año, sí, pero en relación a los parámetros actuales, no. Ciertamente hay mayor conciencia en la población, hay políticas y oficinas de protección civil, un sistema de alertas tempranas, simulacros de evacuación y el reciente sistema de sirenas en vía pública, pero también hay factores de riesgo que no podemos negar, nacidos de la naturaleza humana, más que de la madre naturaleza. Hablo de la improvisación, la negligencia y la corrupción.
Los modelos de simulación de sismos y terremotos nos indican que las delegaciones Cuauhtémoc y Benito Juárez concentrarían los daños "graves" y "muy graves" en caso de un terremoto de 8 o más grados.
Una vez más, la zona centro de la Ciudad de México, el Centro Histórico de la Nación, sería el más afectado.
Tan solo en la delegación Cuauhtémoc se contabilizan 42 mil inmuebles con algún nivel de riesgo, de los cuales 528 están considerados de "alta vulnerabilidad" a partir de los 7.9 grados Richter. Treinta de ellos en la icónica unidad Nonoalco-Tlatelolco, habitados notablemente por personas de la tercera edad (el segundo grupo etario más importante en la delegación).
Apuntalar estas edificaciones implica erogaciones presupuestales que no se tienen fondeadas en ninguna parte (los recursos federales para la prevención ascendieron el año pasado a poco mas de 2 mil millones de pesos, para todo el país), siendo esta insolvencia el primer factor de riesgo para un evento catastrófico.
La prevención debería ser el objetivo prioritario de un nuevo esquema de gestión de riesgos de desastres, donde el catálogo de posibles afectaciones y vulnerabilidades a las que se enfrenta la población civil crece con cada kilómetro cuadrado de urbanización mal diseñada y con cada tonelada de acero y concreto que se finca sobre un subsuelo acuoso. Actualmente, de cada 10 pesos presupuestados para atender desastres, solo se destinan tres a la prevención. Es decir, seguimos esperando a que el niño se ahogue, para proceder a tapar el pozo.
Otro enfoque inevitable es la corresponsabilidad en las acciones de prevención y protección civil. Gobiernos, desarrolladores urbanos y sociedad civil debemos tener conciencia de dónde estamos parados y sobre qué tipo de terreno estamos construyendo y comprando. Esto implica ampliar el concepto de seguridad ciudadana, constreñido ahora a combatir y prevenir la incidencia delictiva inmediata, dejando de lado la siniestralidad y la amenaza que para la vida y los bienes de millones de personas representan más de 20 riesgos de desastres en una megalópolis como la del Valle de México (desde terremotos hasta inundaciones, pasando por deslaves, incendios, fugas químicas y contaminación ambiental severa, entre otras).
La responsabilidad de los gobiernos en la prevención de desastres, además de informar, regular y crear conciencia sobre los riesgos, es muy clara. Combatir la corrupción, la improvisación y la negligencia, que al combinarse suelen ser más devastadoras que una veintena de desastres juntos.
ricardomonreala@yahoo.com.mx
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