No voté por el presidente López Obrador, pero me convence que la corrupción, la impunidad y el abuso de los más necesitados son las causas primordiales del desastre nacional.
Rechazo la autocracia con que ejerce el poder presidencial; pero reconozco que eso es imputable a la debilidad convenenciera de la oposición.
Desde ese punto equidistante, pero no conformista, se ve claro que existen grupos de interés obstinados en extremar la polarización social para minar al gobierno.
Lamentablemente, eso se inflama con la inobservancia de las leyes, el incumplimiento de compromisos legales y el discurso infamatorio del Presidente y, por otra parte, la descalificación sistemática de sus detractores.
Los que deseamos el cambio evolutivo y respetuoso de las leyes, y no la ruptura y el destrozo del orden vigente, deberíamos pensar hasta dónde puede llevarnos una contienda que no sea posible resolver políticamente.
El gran peligro para una ciudadanía irreconciliablemente dividida, radica en que las partes quedan arrinconadas sin más salida que la derrota de una de ellas. Parece que estamos llegando a esa encrucijada.
Primero fue el anhelo de terminar con el priismo que trastocó al gobierno en un bien patrimonial de su propiedad, lo que hizo triunfar a Fox y a Calderón.
Después, la desilusión y el desencadenamiento de la delincuencia causados por los gobiernos panistas, provocaron el regreso del PRI.
Pero de nuevo la corrupción y la avidez del gobierno de Peña Nieto pavimentaron el camino al éxito del presidente López Obrador.
Esto nos ha colocado ante las preguntas cruciales: ¿A dónde vamos si el Presidente sigue gobernado sin valladares? y ¿Qué nos espera si el Presidente fracasa?
Debemos encontrar las respuestas correctas que vengan acompañadas de soluciones constructivas, para desactivar tanto la sombra de otra presidencia imperial, como cualquier propósito golpista.
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