Las redes sociales, algunos medios y los ediles priistas demandan la destitución del Director de Tránsito y Vialidad municipal por los supuestos abusos de autoridad que cometen los agentes viales y el uso del alcoholímetro.
Antes de adoptar una postura deberíamos reflexionar sobre la peligrosidad de la circulación vehicular en nuestra ciudad.
Manejamos desordenadamente, sin acatar los reglamentos y sin consideración a la vida y salud de los demás.
Las consecuencias de esa conducta son los accidentes que ocurren diariamente con víctimas fatales o heridos graves y cuantiosos daños materiales.
Por obvia conveniencia personal todos deberíamos de respetar los límites de velocidad, las vías con preferencia y los semáforos.
Pero si las normas no se respetan voluntariamente, la autoridad debe imponerlas de manera coercitiva.
Para ordenar el tránsito la autoridad enfrenta la insuficiencia de personal y la falta de profesionialismo; así como el menosprecio de la sociedad por las leyes y los agentes.
Es innegable la actitud altanera y grosera de muchos agentes de tránsito. Como también lo es que la mayoría de los automovilistas cuando son justamente sancionados se ofenden y reaccionan violentamente.
La actuación del Presidente municipal y su respaldo a la Dirección de Tránsito está justificada por la gravedad de la situación y fundada en la reglamentación vigente.
Lo ideal sería que de manera paralela a las acciones reactivas, hubiera una política pública para modificar el comportamiento antisocial de conductores y agentes de vialidad.
Una política que nos haga comprender que por el bien de todos es urgente que cambiemos nuestra forma de manejar.
Que lo hagamos ordenadamente, con atención y conscientes de la responsabilidad que implica cuidar la vida y la salud propias y ajenas.
Mientras tanto, deberíamos aceptar que las sanciones son medidas que previenen o evitan accidentes.
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