Existe discrepancia sobre la participación de las fuerzas armadas en tareas que constitucionalmente no les competen; como la construcción, dirección y administración de aeropuertos y sistemas ferroviarios, la operación de aerolíneas, aduanas y puertos.
La intervención de las fuerzas armadas en esas actividades de naturaleza civil se denomina militarización.
Situación que una parte de la sociedad aprueba y otra censura.
Pero, me parece, que en general no hemos reflexionado en el peligro que entraña el predecible escalamiento de la militarización.
El empoderamiento militar puede conducir al militarismo que se caracteriza por su preeminente intervención en la política y, consecuentemente, en las funciones gubernamentales, de donde es probable que trascienda a la vida social, desconozca las libertades civiles e imponga un régimen castrense.
Por esas razones, el militarismo evoca de manera inmediata y justificada las atroces dictaduras latinoamericanas pasadas y presentes.
Al respecto, en el Diccionario de Política de Norberto Bobbio, en el apartado del militarismo, encontramos el siguiente razonamiento:
“El término militarismo para el caso latinoamericano significa un exceso; por eso se aplica para definir la desmedida intervención de los militares en política.
Intervención que se caracteriza, básicamente, por ser lesiva de la legalidad vigente”.
Es evidente que los gobiernos con tendencias autoritarias y a prolongar sus mandatos constitucionales, quieran hacer del ejército un instrumento para sus fines; pero la milicia tiene una significativa autonomía real que evita se le reduzca a esa condición.
La autonomía castrense está basada en la organización y obediencia jerárquica, el número y adiestramiento de sus miembros y su armamento: por lo pueden, fácilmente, superar e imponerse a la autoridad civil.
Por ese peligro, la Constitución dispone que en tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer funciones distintas a las exactamente conectadas con la disciplina militar.
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