Los legisladores frecuentemente elaboran leyes anteponiendo intereses políticos sobre la coherencia que debe imperar entre los artículos de una ley.
Los artículos o normas de las leyes deben formar un sistema, esto es, un conjunto ordenado de normas coherentes entre sí, y subordinadas y coordinadas al objeto primordial de la ley.
Esos elementos son esenciales para la validez y eficacia de cada artículo.
La falta de cualquiera produce las contradicciones denominadas antinomias.
La antinomia sucede cuando un artículo es incoherente con el objeto de la ley; o cuando dos normas contradictorias entre sí deben aplicarse al mismo supuesto.
Esto sucede en la Ley del Notariado de Coahuila por la reforma del año 2017; cuya antinomia consiste en lo siguiente.
Los principios rectores de esta Ley son que el servicio notarial es una función pública y debe prestarse por profesionales de modo personal y directo; así se infiere de los artículos 2º, 7º, 32 y 33 que básicamente establecen lo siguiente:
El notario está investido de fe pública y autorizado para autenticar actos y hechos; residirá y actuará en el distrito de su adscripción; en testamentos e hipotecas, asentará la fecha y hora del otorgamiento; firmará las escrituras inmediatamente después que los otorgantes.
Coherente con lo anterior, la Ley dispone que son incompatibles con la función notarial el desempeño simultáneo de cargos públicos.
Sin embargo, exceptúa de la incompatibilidad los cargos de senadores, diputados, regidores y síndicos; a pesar de que la incompatibilidad con la función notarial es evidente porque el desempeño de esos cargos les impide prestar los servicios notariales en todo tiempo de manera personal y directa.
Por esa antinomia muchas de las actuaciones de los notarios que sean senadores, diputados, regidores o síndicos podrían ser anulables.
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