México enfrenta una paradoja energética: necesita gas natural para sostener su economía, generar electricidad y mantener activa su vida industrial, pero depende cada vez más del exterior. Esa tensión guía el análisis del Comité Científico sobre Soberanía Energética y Yacimientos de Gas Natural no Convencional, que describe los principales desafíos del país. México consume 9.1 miles de millones de pies cúbicos diarios de gas natural; más de la mitad se utiliza para generar electricidad, pues “el 70% de la electricidad se genera con gas natural”. Sin medidas para reducir la demanda, el consumo seguirá aumentando por la expansión industrial, el crecimiento poblacional y la necesidad de electricidad en todos los sectores.
El problema central es que México importa el 75% del gas natural que consume, principalmente desde Estados Unidos. Esta proporción ha aumentado desde 2010, y el Comité advierte que compromete la soberanía y la seguridad energéticas del país. La oferta nacional apenas cubre el 25% de la demanda. Además, el 93% del gas importado proviene de yacimientos no convencionales, donde el gas está atrapado en rocas de muy baja permeabilidad y requiere técnicas especiales para su extracción. Esto significa que México depende no solo del gas extranjero, sino también de tecnologías y procesos que aún no domina plenamente en su propio territorio.
Ante este panorama, el Comité propone tres estrategias para fortalecer la soberanía energética: acelerar la incorporación de fuentes renovables, aplicar programas nacionales de eficiencia energética e incrementar la producción de gas convencional, eliminando la quema de gas asociado en campos petroleros. El potencial de ahorro por eficiencia podría llegar a 500 millones de pies cúbicos diarios al 2030. Además, PEMEX podría aumentar su producción en 2,400 millones de pies cúbicos diarios si elimina la quema e intensifica la actividad en campos convencionales, hasta alcanzar 4,700 millones de pies cúbicos diarios al 2030.
Sin embargo, incluso con estas medidas, México no alcanzaría la soberanía energética plena. El porcentaje de importaciones podría reducirse, pero el país seguiría dependiendo del exterior. Por ello, el Comité analiza el potencial de los yacimientos no convencionales dentro del territorio nacional. Se estima que México posee 141.5 billones de pies cúbicos de gas en este tipo de yacimientos, distribuidos principalmente en las cuencas de Burgos, Sabinas-Burro-Picachos y Tampico-Misantla. Burgos concentra 67.0 billones de pies cúbicos; Sabinas-Burro-Picachos, 53.8; y Tampico-Misantla, 20.7. No obstante, el Comité advierte que es necesario confirmar el volumen real que puede aprovecharse mediante estudios y perforación de pozos exploratorios.
El análisis del Comité también evalúa los impactos sociales, ambientales y económicos de estos yacimientos. Por criterios de protección social, biodiversidad y densidad demográfica, recomienda prohibir actividades de aprovechamiento de gas no convencional en la cuenca Tampico-Misantla. Esta región, por su población, ecosistemas y características territoriales, no es adecuada para la técnica de extracción requerida.
En contraste, el Comité identifica dos regiones donde sí podría evaluarse la viabilidad de los yacimientos no convencionales: Sabinas-Burro-Picachos, ubicada en Coahuila y Nuevo León, y la cuenca de Burgos, en el noreste de Tamaulipas. Ambas presentan condiciones geológicas más favorables y menor riesgo socioambiental que Tampico-Misantla. Sin embargo, Burgos destaca como la opción más sólida porque combina mayor experiencia gasífera previa, infraestructura energética existente, cercanía a corredores industriales y mejores condiciones para realizar estudios controlados. Por ello, si México decide avanzar hacia una etapa de evaluación más profunda, Burgos debe colocarse como la primera opción técnica y estratégica, sin que ello signifique una autorización automática para iniciar explotación.
El Comité dedica especial atención al tema del agua, uno de los elementos más sensibles en la extracción de gas no convencional. La recomendación es contundente: no utilizar agua superficial ni subterránea comprometida para otros usos. En su lugar, se debe emplear exclusivamente agua salada de formaciones profundas y/o agua residual. Además, se exige que al menos el 75% del agua utilizada sea reciclada y reutilizada, y que se mantenga un monitoreo permanente de la calidad del agua superficial y subterránea. El comité resume así: “Emplear exclusivamente agua salada de formaciones profundas y/o agua residual” y “Reutilizar y reciclar al menos el 75% del agua empleada en el proceso.” Estas medidas buscan evitar impactos en acuíferos someros y proteger el acceso al agua potable de las comunidades.
El manejo de aditivos también es un punto crítico. El Comité establece que no deben utilizarse químicos altamente tóxicos ni dañinos, y que se debe privilegiar el uso de circuitos cerrados para el almacenamiento y tratamiento del agua de retorno. Asimismo, se debe reportar y publicar el listado de aditivos utilizados y su manejo, garantizando transparencia y supervisión científica.
Para evaluar la viabilidad técnica, ambiental y económica de estos yacimientos, el Comité exige confirmar la existencia y volumen de agua salada profunda, comprobar la desconexión de acuíferos someros, iniciar monitoreo de calidad del agua y realizar estudios geológicos y geofísicos. También se debe construir una línea base hídrica y ecosistémica, estimar reservas, verificar tecnologías de menor impacto ambiental y perforar pozos para confirmar rentabilidad y validar métodos.
El Comité concluye que la prioridad nacional debe ser incorporar aceleradamente fuentes renovables de energía eléctrica y aplicar medidas de eficiencia energética. También considera fundamental incrementar la producción nacional de gas convencional y eliminar la quema del gas asociado. Respecto a los yacimientos no convencionales, recomienda prohibir actividades en Tampico-Misantla y evaluar únicamente Sabinas-Burro-Picachos y Burgos. Además, insiste en la necesidad de perforar pozos para confirmar la existencia de agua salada profunda y garantizar que no exista conexión con acuíferos someros. La protección ambiental es un eje transversal: se deben implementar las mejores prácticas de manejo de residuos, minimizar impactos y asegurar la integridad de los ecosistemas.
Finalmente, el Comité subraya la importancia de la consulta previa, libre e informada a las comunidades de las zonas de influencia antes de iniciar cualquier actividad. También recomienda incentivar la proveeduría local para fomentar el empleo regional y establecer un monitoreo científico externo e independiente que supervise la integridad de los acuíferos, el balance hídrico, la actividad sísmica y la protección de los ecosistemas.
Como recomendación personal, considero que para que Burgos avance como la mejor opción comparativa no basta con confirmar su potencial geológico; también se requiere resolver tres condiciones operativas y regulatorias. Primero, debe garantizarse la seguridad para el libre paso y acceso del personal, los equipos y los servicios especializados en las zonas de trabajo. Sin esta certeza operativa, cualquier proyecto perdería viabilidad desde su etapa inicial. Segundo, el modelo de contrato mixto debe evolucionar hacia un esquema más flexible, capaz de atraer inversión, tecnología y responsabilidad operativa sin perder control ni supervisión del Estado. Tercero, México debe crear una industria especializada en el manejo integral del agua, desde el suministro de agua salada profunda y residual hasta su tratamiento, reciclaje, trazabilidad y disposición final. Las leyes, normativas y mejores prácticas ya existen; el reto principal no es diseñarlas desde cero, sino aplicarlas con disciplina, transparencia y vigilancia permanente.
Este conjunto de recomendaciones configura una ruta clara: México puede reducir su dependencia del gas importado, pero solo mediante una combinación de transición energética, eficiencia, producción convencional fortalecida y un desarrollo extremadamente cuidadoso, limitado y regulado de yacimientos no convencionales. Dentro de esa ruta, Burgos se perfila como la mejor opción comparativa para iniciar estudios adicionales, siempre que confirme disponibilidad de agua salada profunda, productividad comercial, protección de acuíferos, viabilidad ambiental y aceptación social. La conclusión no es promover el fracking sin condiciones, sino ordenar la discusión: primero reducir la demanda, luego aprovechar mejor el gas convencional y, solo después, evaluar con rigor científico si Burgos puede convertirse en el punto de partida más razonable para desarrollar gas shale mexicano bajo reglas estrictas.
