En marzo de 2025, al amparo de la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), Donald Trump logró imponer un arancel del 25% a los bienes exportados por México y otros países que no cumplían con las reglas de origen del T-MEC. Tras diversos amparos promovidos por importadores estadounidenses y negociaciones por parte de México, la Corte Suprema de Estados Unidos revocó la medida, entre otras razones, por el uso indebido que el Ejecutivo hizo de esa ley: una norma pensada para regular el comercio, no para imponer impuestos, facultad que corresponde exclusivamente al Congreso.
Pero la Casa Blanca no tardó en encontrar otra vía. En marzo de este año, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) inició investigaciones formales bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 contra 60 economías, argumentando que sus legislaciones eran omisas o poco efectivas para prohibir la importación de bienes producidos con trabajo forzado en sus cadenas de suministro globales. Esta sección otorga a la USTR la facultad de investigar e imponer sanciones comerciales o arancelarias a países extranjeros, sin pasar por las restricciones que tumbaron la medida anterior.
Así, en junio la USTR propuso formalmente este tipo de aranceles, y el 23 de julio de 2026 Trump oficializó la orden ejecutiva correspondiente: una tasa efectiva ad valorem de 10% para un grupo selecto de 17 socios comerciales que han asumido compromisos normativos —entre ellos México, Canadá y el Reino Unido— y de 12.5% para más de 40 países restantes.
Es importante subrayar que estas medidas no alteran el texto ni las fórmulas de las reglas de origen del T-MEC; simplemente las utilizan como criterio de filtrado para determinar qué productos pagan el arancel y cuáles no. Y aunque la investigación bajo la Sección 301 no acusa directamente a las fábricas mexicanas de emplear mano de obra forzada en territorio nacional, el foco de la USTR está puesto en la trazabilidad de los insumos que México importa. Si un bien exportado a Estados Unidos utiliza materia prima o componentes asiáticos vinculados a regiones señaladas por trabajo forzoso, la autoridad aduanera estadounidense puede negar la exención del T-MEC, rechazar la regla de origen e imponer el gravamen o retener la mercancía en la frontera.
Tres dimensiones del costo para México
El costo económico que este marco arancelario representa para México puede entenderse en tres planos.
El primero es el costo arancelario directo, que sigue siendo cero para el 85% del comercio bilateral: todo bien que acredita formalmente las reglas de origen del T-MEC continúa pagando 0% de arancel. Para el 15% restante —comercio no originario, entre 70 mil y 80 mil millones de dólares anuales— aplica la tasa de 10%, la cual, según precisó la Secretaría de Economía, representa esencialmente la continuidad de lo que ya se pagaba bajo la vencida Sección 122. En ese sentido, el efecto sobre el flujo de caja no cambia de manera abrupta respecto al primer semestre del año.
El segundo plano, más silencioso pero igual de relevante, es el costo operativo y de cumplimiento: la carga de comprobar documentalmente la trazabilidad de insumos frente a la fiscalización aduanera estadounidense en materia de trabajo forzoso. Las plantas en México que utilizan materias primas, insumos textiles o componentes electrónicos importados de terceros países deben absorber el costo de auditar a sus proveedores para garantizar que no incurran en estas prácticas —un gasto que erosiona utilidades o se traslada a precios.
El tercero es el riesgo logístico. La aduana estadounidense (CBP) ha intensificado las órdenes de inspección en frontera, y un simple retraso administrativo en la certificación de origen puede detener la carga, obligando al importador a pagar cautelarmente el arancel o a absorber costos de almacenamiento hasta demostrar la exención. Un producto puede cumplir cabalmente con las reglas de origen del T-MEC y, aun así, ser retenido, rechazado o excluido si sus insumos provienen de países, regiones o empresas señaladas por trabajo forzado.
El endurecimiento de la UFLPA
A esto se suma una aplicación notablemente más estricta de la Ley de Prevención del Trabajo Forzado Uigur (UFLPA) de 2022 bajo la administración Trump, con dos rasgos claros: mayor rigor en los rechazos y una cobertura sectorial más amplia. Antes de esta administración, cerca del 53% de los embarques detenidos lograban liberarse tras presentar la documentación de trazabilidad; hoy esa tasa cayó por debajo del 10%.
La UFLPA nació enfocada casi exclusivamente en tres sectores —textiles y algodón, tomates y polisilicio para paneles solares—, pero el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) amplió la lista de sectores de alta prioridad para incluir insumos clave de las cadenas de valor manufactureras globales: aluminio, acero, cobre y litio —críticos para la industria automotriz, de electrodomésticos y de tecnología integrada en México—, así como PVC y sosa cáustica.
Otro cambio que endureció las retenciones fue la suspensión de las reglas de minimis para importaciones de bajo valor. Antes, miles de paquetes de comercio electrónico o mensajería entraban a Estados Unidos con mínima fiscalización; hoy la aduana cerró esa vía y somete los envíos postales a los mismos algoritmos de rastreo de trabajo forzoso.
Una calma engañosa
Pese a todo, las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos siguen rompiendo récords, señal de que estas medidas apenas han hecho mella en nuestro comercio bilateral. Sin embargo, esa fortaleza aparente no debe llevarnos a bajar la guardia: la Secretaría de Economía tiene mucho trabajo por delante en la actual revisión del T-MEC, sobre todo para atenuar la incertidumbre que generan las nuevas prácticas proteccionistas de Washington, las cuales, en el mejor de los casos, tendrían fecha de caducidad hasta después de enero de 2029, cuando cabría esperar un relevo presidencial menos proteccionista.
Mientras tanto, estas medidas podrían detonar una ola de relocalización de empresas productoras de insumos que hoy no cumplen con las reglas del T-MEC, así como una sustitución de esas importaciones por parte de empresas mexicanas.
La lección de fondo, en todo caso, no cambia: México necesita diversificar sus exportaciones y fortalecer su demanda interna para blindar a la economía nacional de los vaivenes en la política comercial de su principal socio.
