Cuando escuchamos la palabra "soberanía", a la mayoría se nos viene a la mente la defensa de nuestras fronteras, el petróleo o la electricidad. Pero hoy, en pleno siglo XXI, la soberanía de México se está jugando en un terreno invisible pero determinante: la Inteligencia Artificial (IA).
Son varias las facetas de soberanía en IA que deben considerarse.
Por un lado, el Estado debe regular con nuestra propia ley de IA a todo proveedor, mexicano o extranjero, para proteger los derechos de los ciudadanos que radican en México. Es importante que el servicio se preste desde centros de cómputo en México, para poder regularlos.
Por otro lado, los datos que los proveedores de IA utilicen de los mexicanos, deben quedarse en México, en infraestructura mexicana. Y no pueden ser remitidos a empresas en el extranjero. Esto se necesita para evitar que países extranjeros cuenten con datos estratégicos, públicos y privados, que puedan ser utilizados para, por ejemplo, crear campañas políticas desde el exterior.
La otra cara de la soberanía se encuentra en el desarrollo y operación de modelos propios o de código abierto (open-source) ajustados por talento local y alojados en una Red Nacional de Cómputo Soberano. Esto para prevenir que por razones de conflicto con proveedores extranjeros, nos “bajen el switch” en el uso de la IA para sectores estratégicos, como serían salud y finanzas públicas, por ejemplo.
Finalmente, una IA creada con datos mexicanos sirve mejor a los usuarios porque está alimentada con nuestras costumbres, idiosincrasia y patrones culturales que nos son propios. Por lo que, junto con el punto anterior, el Estado debe financiar el costo masivo de entrenamiento inicial de un Gran Modelo de Lenguaje (LLM) o modelo multimodal nativo, entrenado con el acervo de datos públicos, jurídicos, históricos y lingüísticos de México.
Las dependencias tomarán este modelo base y lo adaptarán para tareas críticas como diagnósticos médicos en el IMSS, análisis de expedientes judiciales o la gestión de la red eléctrica.
Pero también y no menos importante sería el hecho de que, al ser un modelo abierto y soberano, las empresas, PyMES y desarrolladores mexicanos pueden descargarlo, modificarlo y crear herramientas comerciales sin pagar licencias en dólares ni depender de una API de un proveedor transnacional.
Lo anterior no significa en forma alguna que el desarrollo de la infraestructura para una IA nacional tenga que ser erogado con recursos públicos propios. Por el contrario, y al igual que la energía, el altísimo costo contemplado para este proyecto deberá contar con esquemas de inversión y proveeduría público-privados.
