La Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para 2027 consolida un cambio de paradigma histórico. Mientras que a inicios de la década pasada los petrodólares aportaban más del 7% del PIB a las arcas nacionales, hoy apenas representan el 1.3%. (Tabla 1). Lejos de significar una vulnerabilidad o un colapso en la caja presupuestal, esta transición demuestra que el Estado mexicano ha construido un sistema tributario moderno, autónomo y diversificado, dejando a los ingresos petroleros como fuente terciaria de financiamiento del presupuesto. Los ingresos tributarios se elevan a un histórico 15.1% del PIB, impulsados por la eficiencia en la fiscalización digital del SAT, la trazabilidad estricta a través de controles volumétricos en el sector hidrocarburos y esquemas de facilitación como la tasa opcional de IVA del 7% en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), diseñada para ampliar la base contributiva e incorporar formalmente a millones de pequeños contribuyentes.
Sin embargo, este avance en la soberanía tributaria convive con una herencia de endeudamiento que requiere un análisis minucioso y desapasionado. La acumulación del saldo actual de la deuda, que roza el 50.8% del PIB en el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), no responde a un episodio aislado ni a la administración de un solo sexenio, sino a la superposición de tres momentos de inflexión económica a lo largo del siglo XXI.
El primer momento se gestó con el impacto de la severa crisis financiera global de 2008-2009, cuando el Estado mexicano decidió romper la regla del déficit cero para aplicar estímulos anticíclicos y contener el colapso del empleo. El segundo episodio se derivó del estrepitoso desplome de los precios internacionales del petróleo entre 2014 y 2016, un bache estructural sumamente severo que forzó al gobierno a echar mano del crédito público para sostener el gasto social y la inversión operativa sin desmantelar la estructura estatal, mostrando nuestra vulnerabilidad a shocks petroleros, que se ha saneado disminuyendo nuestra dependencia de ingresos por venta de hidrocarburos. El tercer hito, y el más reciente, ocurrió entre 2020 y 2024, periodo marcado por la confluencia de la emergencia sanitaria global, y la imperiosa necesidad de reactivar la economía nacional a través de la creación de empleos en la construcción de obras estratégicas de infraestructura, lo que llevó el déficit amplio a un pico del 5.9% del PIB.
Hacia 2027, el verdadero desafío de la política hacendaria no radica en aumentar la presión contributiva sobre quienes ya cumplen, sino en contener el elevado costo financiero de esa deuda acumulada, que hoy consume el 3.3% del PIB únicamente en el pago de intereses y comisiones. La trayectoria de consolidación fiscal planteada en la Ley de Ingresos, que estrecha el déficit amplio al 3.2% del PIB, demuestra un firme compromiso de responsabilidad macroeconómica para preservar la disciplina hacendaria, garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas y blindar el codiciado grado de inversión frente a las agencias calificadoras internacionales, asegurando que la madurez fiscal se traduzca en estabilidad financiera de largo plazo.
Hacia adelante, el reto es la formalización de componentes claves del sector informal (principalmente trabajadores independientes y Pymes) para que contribuyan al crecimiento de este país de conformidad con sus ingresos.
Tabla 1.
