La marcha del domingo 27, auspiciada por el gobierno de la República en respuesta a la realizada por los opositores a la desaparición del INE, tiene en el centro la fallida reforma electoral constitucional.
Como ocurría en el otrora partido-gobiern (PRI), ahora Morena, el partido gobernante de la Cuarta Transformación que se autoproclama de “izquierda”, echará mano del acarreo, las tortas y los frutsis para reunir a más de un millón.
Morena, la 4T y el Presidente, con la mano en la cintura llenan plazas públicas como el Zócalo capitalino en pleno ejercicio de su libertad de manifestación, pero la utilizan como revancha a los opositores por la marcha del 13 de noviembre, lo que daña la unidad nacional.
Es decir, se trata de una marcha, la del 27 de noviembre, de mexicanos contra mexicanos y la encabeza el Presidente de los mexicanos; no es una concentración masiva por una amenaza a la violación a la soberanía nacional por otra nación, no es así; es el encono y la división.
En respuesta a la movilización de los “contras” a la 4T que defienden al INE, el partido oficial y el gobierno echan toda la carne al asador para respaldar el “Plan B” de la reforma electoral con la modificación de las leyes secundarias.
Al dar por muerta la iniciativa de reforma electoral constitucional, los diputados de Morena y partidos aliados van por la enmienda que seguramente impugnará la oposición para dejar la decisión en manos de los ministros de la Suprema Corte.
La propuesta del “Plan B” contempla disminuir el número de diputados de 500 a 300, electos de manera indirecta mediante las listas de los partidos. El Senado pasaría de 128 a 96 electos de la misma manera.
Además, se propone desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE) para sustituirlo con una estructura completamente con el “Instituto Nacional de Elecciones y Consultas” (INEC), con siete consejeros por un periodo de seis años, en vez de los 11 actuales del INE, por nueve años; electos por el voto popular a propuesta de los tres Poderes del Estado.
El “Plan B” también plantea centralizar los comicios estatales y municipales en el INEC, desaparecer a los organismos electorales locales, así como limitar el número de regidurías en los ayuntamientos, y aumentar el financiamiento privado a partidos políticos.
Pablo Ruiz
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